Los que manejan fondos públicos deben responder

Recientemente se ha dado a conocer la iniciación de un proceso contable contra gestores de la Generalitat por haber destinado supuestamente dinero público al 'procés, y acaba de publicarse que se ha presentado acción contra Puigdemont y otros responsables por más de 8 millones de euros por el 1-O

GUADALUPE MUÑOZ ÁLVAREZACADÉMICA DE LA REAL ACADEMIA DE JURISPRUDENCIA Y LEGISLACIÓN

Los caudales del colectivo social se obtienen de la contribución de todos los ciudadanos al sostenimiento del Estado, como dispone el artículo 31.1 de la Constitución de 1978 y tienen el destino que les asignen los representantes de la soberanía popular. Por tanto, aquellos que recauden, intervengan, custodien, manejen o utilicen bienes, caudales o efectos públicos, incluyendo a los perceptores de subvenciones públicas y fondos de la Unión Europea, tienen la obligación de indemnizar al Tesoro Público por el daño que causen por acciones u omisiones contrarias a la normativa presupuestaria y de contabilidad del sector público. El Tribunal de Cuentas, según establece el artículo 136 de la Constitución, tiene jurisdicción para exigir el reintegro de las cantidades que se hayan menoscabado por acciones u omisiones en las que interviniere dolo, culpa o negligencia, a las que se añaden los intereses legales. Es una responsabilidad subjetiva por cuanto se valora la conducta del responsable y el nexo causal con el daño , como en nuestro ordenamiento se exige en la responsabilidad civil, si bien hay que constatar que cada vez va abriendo paso la responsabilidad objetiva: el que daña, paga sin que importe su conducta, especialmente en los perjuicios causados al medio ambiente, con vehículos de motor o por venta de bienes defectuosos.

La responsabilidad por la gestión de fondos públicos se sustancia en la Sección de Enjuiciamiento con todas las garantías del ordenamiento jurídico. Las demandas contra los presuntos responsables se interponen por la Abogacía del Estado, los letrados de la Administración de la Seguridad Social, los representantes de las entidades perjudicadas o el Ministerio Fiscal. Puede también incoarse por acción pública: cualquier ciudadano tiene la posibilidad de presentar denuncia ante el Alto Órgano contable cuando estime fundadamente que los fondos públicos han sufrido daño. Para su ejercicio no se requiere prestar caución ni fianza, sin perjuicio de la responsabilidad penal o civil en que pudiera incurrir el que la ejercite indebidamente. Los procesos contables terminan con auto o sentencia de los Consejeros de Cuentas, contra los que cabe recurso ante la Sala de Justicia del propio Tribunal y recurso de Casación ante el Tribunal Supremo en determinadas circunstancias.

España no es el único país que mantiene esta clase de jurisdicción para enjuiciar a los gestores de fondos públicos. También tienen jurisdicción propia los Tribunales de Cuentas de otros países, como los de Francia e Italia con el fin de controlar la mala praxis y los perjuicios ocasionados a los fondos o efectos públicos de los que tienen encomendada su gestión. Es el modelo latino común. Se enjuicia también el despilfarro en los caudales públicos como ha mantenido el profesor Carlos Cubillo.

La responsabilidad por la gestión tiene naturaleza reparadora. Es personal y autónoma. Se trata de un tipo específico. Son muchas las sentencias dictadas por este Tribunal Contable que han condenado a los gestores de fondos públicos a devolver las cantidades perjudicadas más los intereses legales. Algunas de estas resoluciones han tenido mucha repercusión en los medios de comunicación por el relieve de los sujetos imputados o por las elevadas cuantías del menoscabo sufrido en los caudales públicos, como la resolución que condenó a los herederos del ex alcalde de Marbella, una vez aceptada la herencia, a indemnizar a la Hacienda Pública con varios millones de euros por la gestión irregular de los fondos públicos de su progenitor. Los medios han dado a conocer igualmente el proceso contra los responsables de la consulta del 9 de noviembre de 2014 en Cataluña que inició proceso por la denuncia presentada por la Sociedad Civil Catalana, Asociación Cívica y Cultural, Abogados catalanes por la Constitución y el Ministerio Fiscal. Se ordenó el nombramiento de un Delegado Instructor que incoase las actuaciones previas y verificar los gastos injustificados. Finalmente, tras un proceso riguroso y teniendo en cuenta las pruebas presentadas, se dictó sentencia al probarse la responsabilidad de los encausados y en este caso, los gestores que realizaron las acciones que produjeron el menoscabo, deben hacer frente a las cantidad que ascendió a 4,9 millones de euros que han de devolver al Tesoro.

Recientemente se ha dado a conocer la iniciación de un proceso contable contra otros gestores de la Generalitat por haber destinado supuestamente, dinero público al 'procés' que, como se ha expuesto, tiene lugar con todas las garantías del Estado de Derecho y acaba de publicarse que se ha presentado acción contra Carles Puigdemont y otros responsables por cuantía de más de ocho millones de euros por los gastos contrarios a la ley que se hubieran producido para sufragar los actos del 1-O en Cataluña y por la actuación pretendidamente diplomática en la que se han invertido fondos públicos sin base legal.