Laberinto tributario

El Gobierno no puede sumarse a un clima de oportunismo sobre el impuesto de las hipotecas sin garantizar una salida segura

La insólita peripecia judicial que ha seguido la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en relación al impuesto de las hipotecas despertó ayer una reacción no menos insólita por parte del Gobierno central, de algunos ejecutivos autonómicos y de la mayoría de los partidos con propuestas de cambio de un reglamento vigente desde hace casi un cuarto de siglo. Con la excepción del PP de Casado, que sostuvo que se trata de un tributo prescindible, fue ampliamente mayoritaria la postura favorable a corregir la doctrina confirmada por el Supremo de que sean los clientes, y no los bancos, quienes asuman su pago. Esa repentina toma de consciencia política sobre uno de los costes añadidos a la adquisición de vivienda resultó especialmente notoria en el caso del Gobierno al anunciar Pedro Sánchez la aprobación en el Consejo de Ministros de hoy de un decreto-ley al respecto, cuya posterior convalidación parlamentaria parece asegurada. Hubiera sido más lógico que el Ejecutivo socialista esperase a valorar los fundamentos de la última sentencia del Supremo para adoptar la iniciativa legislativa. Pero el impulso de enmendar al instante la plana al Alto Tribunal, con la inaudita crítica pública de Sánchez hacia las palabras de su presidente, Carlos Lesmes –que se había referido a la ambigüedad de la ley, aparenta haber inaugurado un nuevo tiempo al calor de la mezcla de perplejidad e indignación provocada por el vaivén judicial del propio Supremo. Un tiempo en el que la política pretendería encarnar los ideales de justicia e igualdad, mientras su acción legislativa no acaba de garantizar el otro valor que se ha puesto en juego en las últimas semanas: la seguridad jurídica. Que es lo que finalmente hace efectivas la justicia y la igualdad. Ello mientras, en vísperas del juicio contra los encausados por el 1-O, el presidente de la Generalitat, Quim Torra, aprovecha el desprestigio acumulado en los últimos días por el Supremo para impugnarlo políticamente. El Alto Tribunal no puede pretenderse a salvo de la crítica que sin duda merece. Pero sería preocupante que el Consejo de Ministros de hoy se sumara a ese clima de oportunidad que, de pronto, tiende a cebarse en la máxima instancia judicial en España. No sin que, junto a la transferencia a los bancos de las obligaciones fiscales ligadas a lo que es su interés de negocio, promueva medidas legales para evitar que esa carga recaiga sobre los hipotecados. No sin que las entidades financieras encuentren un horizonte despejado de sobresaltos jurídicos para hacer efectiva la aspiración de quienes soliciten sus préstamos.

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