Jueces sin gobierno

La legitimidad del Poder Judicial depende de su independencia, que impide también cualquier pronunciamiento lesivo por parte de otro poder del Estado

El acto de apertura del Año Judicial, presidido por el rey Felipe VI, permitió a la fiscal general, María José Segarra, advertir de la necesidad de que se acate la sentencia que dicte el Tribunal Supremo en el proceso por el 1-O, y al presidente de esta última institución y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, demandar la renovación del órgano de gobierno de la Administración de Justicia que lleva nueve meses en situación de interinidad. Ambas declaraciones reivindicaron en el fondo un mismo principio, el de la independencia de un poder del Estado cuya legitimidad depende de ello. Porque si la prevalencia de ese carácter independiente es lo que impide toda iniciativa o pronunciamiento lesivo por parte de otro poder del Estado –incluidas las instituciones de la Generalitat–, es también la independencia del Poder Judicial lo que urge a los integrantes de Congreso y Senado a renovar la composición de su órgano de gobierno. Segarra recordó que el acatamiento de las sentencias judiciales es condición básica de la convivencia. Del mismo modo, la renovación del CGPJ es imprescindible para preservar su credibilidad y su autoridad; y en esa medida la de aquellos jueces y magistrados cuyos destinos dependen del citado órgano, y de las resoluciones –entre ellas las disciplinarias– que pudiera adoptar. La carencia de una mayoría de gobierno dificulta sin duda el establecimiento del consenso preciso para que las Cortes designen por tres quintos a sus integrantes. Pero la continuidad de un CGPJ en funciones, cuya capacidad para adoptar decisiones de gobierno sobre los jueces en tales circunstancias se está poniendo en entredicho, no aparece entre las decenas de argumentos que se emplean públicamente para urgir a los partidos a salir del impasse institucional. Los integrantes del Poder Legislativo, que en su día resolvieron la conformación del CGPJ sobre la representatividad partidaria, tienden a mostrarse indiferentes y jactanciosos respecto a la suerte del Poder Judicial. Jactanciosos, porque a través de su potestad los grupos parlamentarios hacen ostentación de un poder que manejan como si fuera propio, y no delegado. Indiferentes, porque como se demostró con el acuerdo frustrado entre el Gobierno socialista y el PP de noviembre de 2018, en torno a la figura de Manuel Marchena, lo más censurable no fueron los tuits de determinados representantes públicos, sino la impasibilidad con la que los partidos protagonistas de aquel intento reaccionaron ante la renuncia del hoy presidente de la Sala Segunda del Supremo.