El Parlamento de Cataluña ha vuelto a reflejar la doble falla que afecta a esa comunidad con el abismo que separa a las formaciones independentistas de los grupos constitucionalistas, y con la quiebra entre el comportamiento político del secesionismo y el principio de legalidad. El desarrollo de una sesión especialmente bronca culminó el jueves con la aprobación de iniciativas que cuestionan las reglas de la democracia y el funcionamiento del Estado de Derecho. Unas resoluciones que el Gobierno central ha decidido impugnar una vez se publiquen, que era lo que sus promotores daban por descontado para así continuar alentando la especie de que combaten contra un Estado enemigo llamado España. Solo la retirada de la pancarta a favor de los «presos políticos y exiliados» que colgaba del balcón del Palau de la Generalitat introdujo ayer un mínimo de cordura en la actuación del independentismo institucional. Pero lo ocurrido en la Cámara autonómica, con la CUP tomando la iniciativa y el resto del independentismo –con Torra a la cabeza– secundando evocaciones rupturistas, representa los preparativos con los que la comunión secesionista se dispone a enfrentar la sentencia del Tribunal Supremo con un aparcamiento de sus diferencias partidarias. Es la unidad que impone el victimismo, que acalla toda reflexión crítica entre independentistas y que se proyecta contra el Estado constitucional, contra el Estado de Derecho, porque los secesionistas necesitan soslayar sus contradicciones. La existencia de un independentismo más dialogante, pragmático o respetuoso con las leyes que otro es una presunción necesitada de hechos que la avalen. Una presunción que se pondrá a prueba especialmente tras la sentencia del Supremo, sea cual sea su contenido, cuando las dos formaciones representadas en el Gobierno de la Generalitat –la liderada por el autoexiliado Puigdemont y la dirigida por el político preso Junqueras– opten entre articular una respuesta común o diferenciada. El independentismo institucional viene escudándose en la espera a la sentencia para posponer su propia toma de decisiones en cuanto a un programa político del que carece; como si el Supremo fuera a facilitarle la definición de una estrategia unánime basada en la movilización general del secesionismo. Pero sea cual sea el veredicto, ERC y Junts per Catalunya no podrán eludir por más tiempo la responsabilidad que comporta representar los intereses y atender a las necesidades de tantos catalanes.