Horas de más

Hoy entra en vigor la reforma del Estatuto de los Trabajadores que obliga a las empresas a registrar a diario la hora del inicio y del final de la jornada laboral de todos sus empleados. La medida, incluida en un decreto-ley aprobado en marzo, persigue un objetivo cuya conveniencia no admite discusión: combatir las horas extraordinarias no retribuidas tanto en sectores en los que esa práctica ha sido asumida como normal por sus peculiaridades organizativas como en otros con una elevada precariedad. En algunos casos, bajo la amenaza implícita del despido o la no renovación de contratos. No se trata de una situación excepcional: cada semana se realizan en España 6,4 millones de horas extras, de las que casi la mitad no son pagadas –y, por lo tanto, tampoco cotizadas a la Seguridad Seguridad– ni compensadas con tiempos de descanso, según datos oficiales. La aplicación de mecanismos de control no solo perseguirá el fraude y mejorará la protección social de los trabajadores afectados, sino que debería contribuir a la implantación de jornadas laborales más ajustadas a las necesidades reales de producción y también más acordes con el objetivo de la conciliación. Las buenas intenciones de la nueva norma chocan con una puesta en marcha caracterizada por una manifiesta improvisación y un descomunal confusionismo, que amenazan con sembrar un cierto caos en su estreno. La regulación no aclara cómo trasladar el control horario a una complejísima casuística propia de un tiempo en el que el trabajo no siempre requiere una presencia física continuada en las instalaciones de la empresa y se desarrolla –al menos parcialmente y no siempre con ritmos regulares– fuera de ella. Ello ha alimentado un aluvión de dudas –aún sin resolver– entre las compañías sobre cómo actuar en cada caso y dificulta el estricto cómputo de la jornada efectiva de cada empleado que exige la normativa. Los avances tecnológicos que pueden ayudar en esta tarea ni cubren todos los supuestos ni están al alcance, por su coste, de pymes o de algunas firmas en serios aprietos económicos. El Ministerio de Trabajo ha reconocido en cierta forma la precipitación en la entrada en vigor del decreto –ya fuera por razones electorales o de otro tipo– y sus múltiples carencias al anunciar que, antes de multarlas, la Inspección dará «un margen de maniobra» a las empresas que no dispongan desde hoy de un registro de jornada. Se hace obligado corregir de inmediato tales desajustes mediante un desarrollo legal que cuente con las aportaciones y la implicación directa de los agentes sociales.