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El Gobierno reasumirá competencias autonómicas en caso de un rebrote grave

El Gobierno reasumirá competencias autonómicas en caso de un rebrote grave

Sanidad prevé imponer 100 euros de multa por no llevar mascarilla en «la nueva normalidad»

Ander AZPIROZ y María Eugenia Alonso

Madrid

Viernes, 5 de junio 2020

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Después de casi cien días de estado de alarma, el próximo 21 de junio España saldrá de la excepcionalidad y avanzará hacia lo que se ha denominado «nueva normalidad». Una etapa que se prevé larga a la espera de que haya un tratamiento o una vacuna efectiva para la Covid-19 y que el Gobierno tutelará para evitar el riesgo de que surjan eventuales repuntes en la pandemia. De este modo, el martes, el Consejo de Ministros aprobará un real decreto ley que establece limitaciones de obligado cumplimiento para las comunidades autonómas y en el que el Ejecutivo, a través del Ministerio de Sanidad, se reserva la posibilidad de recuperar el control si hay un rebrote fuerte.

Según el borrador del real decreto con el que trabaja el Gobierno, y que Pedro Sánchez explicará mañana a los presidentes autonómicos, el Ejecutivo mantendrá la última palabra en la desescalada, pese a que todas aquellas regiones que llegarán a la fase 3 el lunes tendrán libertad para decidir sobre las últimas medidas que deberían conducir hacia la «nueva normalidad». «Entre las facultades de las autonomías está la de decidir cuándo acaba el estado de alarma y empieza la nueva normalidad», explicó este viernes el ministro de Sanidad, Salvador Illa, quien advirtió, no obstante, que esta decisión deberá tomarse siempre que lo aconsejen los datos epidemiológicos. De no ser así, el Ejecutivo podría intervenir de nuevo.

Según se establece en una disposición adicional, Sanidad podrá tomar «las medidas que sean estrictamente necesarias» -como ha hecho durante el estado de alarma- si las cosas se descontrolan en alguna comunidad. Una decisión que puede despertar los recelos de los ejecutivos de Quim Torra e Iñigo Urkullu, que han exigido a Pedro Sánchez durante estos tres meses que les devolviera el control de competencias. «El decreto demuestra las ganas de intervenir del Gobierno y que no aceptan que las competencias son de los demás», aseguró la consejera de Salud de la Generalitat, Alba Vergés.

  

El texto fijará además la obligación de mantener la distancia física de entre 1,5 y 2 metros como medida de precaución esencial. También la obligación de llevar mascarillas tanto en los espacios cerrados como abiertos si no se puede garantizar esa distancia y cuyo incumplimiento será considerado infracción leve y sancionado con una multa de hasta cien euros. El real decreto insiste en que serán las autonomías las que deban asegurarse del control de los aforos especialmente en los espacios cerrados sea cual sea su actividad (bares, restaurantes, cines, teatros, congresos...) o la realización de test PCR a todo caso sospechoso, cuyos resultados deberán remitirse al Ministerio de Sanidad como hasta ahora.

Plan de contingencia

El Gobierno urge además a las autonomías a tener lo que llaman un plan de contigencia ante nuevos rebrotes, que consistiría, entre otras cosas, en la capacidad de ampliar el acceso a camas hospitalarias en un plazo máximo de cinco días. El decreto marca también requisitos para garantizar aquellos medicamentos considerados esenciales en la crisis sanitaria de la Covid-19 y así considere la Agencia Española del Medicamento. Asimismo, se advierte de que Sanidad podrá ordenar priorizar la fabricación de esos fármacos esenciales.

Las empresas estarán obligadas a adoptar medidas de limpieza y desinfección y a organizar las condiciones de trabajo de forma que se garantice la distancia de seguridad y proporcionar a sus empleados equipos de protección adecuados al nivel de riesgo. También hay directrices en la misma línea para los centros docentes, hoteles, restaurantes, centros comerciales, espectáculos o competiciones deportivas. A todos se les indica la importancia de mantener ese patrón de oro del 1,5 y 2 metros de distancia social.

En cuanto al transporte ferroviario, marítimo y por carretera, el borrador recoge la obligatoriedad de los operadores de ajustar los niveles de oferta de plazas para evitar aglomeraciones y cumplir con la distancia de seguridad. El Ejecutivo exigirá además a las compañías mantener los datos de los viajeros durante un mínimo de cuatro semanas con posterioridad al viaje y obligará a Aena a poner a una parte de su plantilla y de sus recursos al servicio de Sanidad para el control sanitario de la entrada de pasajeros internacionales en los aeropuertos.

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