Gobierno en funciones

El presidente Sánchez debería abstenerse de convertir los consejos de ministros en plataforma electoral

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció el pasado viernes la disolución de las Cortes Generales y la convocatoria de nuevas elecciones. Aunque no tiene por qué publicarse el decreto correspondiente en el BOE hasta el 5 de marzo, nada menos que dentro de quince días. El Consejo de Ministros se reunirá de manera ordinaria dos veces hasta esa fecha, y puede hacerlo en otras ocho ocasiones hasta la cita con las urnas del 28 de abril, cuando el Gobierno entre en funciones. Cuando el presidente Sánchez, previa deliberación con sus ministros y tras comunicárselo al Rey, dio cuenta de su decisión pronunció un discurso de final de mandato. Pero a continuación el Consejo de Ministros aprobó el proyecto de ley de reforma de la Lomce, los incentivos para la compra de vehículos y la instalación de infraestructuras para una movilidad más sostenible por valor de 45 millones, acordó medidas para unificar pensiones e indemnizaciones de los militares de complemento y profesionales, tramitó convenios internacionales, y concluyó el procedimiento administrativo para exhumar y trasladar los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos, concediendo a la familia del dictador 15 días para decidirse sobre la ubicación de los mismos. Es evidente que esas iniciativas quedan al albur de los acontecimientos, sin que el Gobierno saliente pueda expresar en ellas más que su deseo, dado que no podría asegurar su efectiva aplicación más que si el partido socialista se mantiene en el poder político. Resulta absolutamente contradictorio que el presidente anuncie la convocatoria de elecciones porque carece de la mayoría precisa para continuar gobernando y, acto seguido, insista en proyectar la sensación de que su mandato continúa a todos los efectos. No hay regla alguna que limite la iniciativa gubernamental mientras las actuales Cortes permanezcan en su integridad; e incluso cabe tramitar un amplio abanico de medidas a través de la Diputación Permanente. El presidente Sánchez y su Gobierno deberían abstenerse de convertir los consejos de ministros en una plataforma electoral, con la que simulen la aprobación de proyectos que decaigan con el final de esta legislatura a modo de programa para la siguiente, o desde la que promuevan iniciativas no legislativas de claro sesgo político. Sería más consecuente que el Gobierno de Sánchez se considere a sí mismo en funciones desde ya, y evite que los consejos de ministros de los próximos diez viernes contribuyan al deterioro de la legitimidad institucional.