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Josu Ternera. Efe
La justicia francesa da un primer paso para la liberación de 'Josu Ternera'

La justicia francesa da un primer paso para la liberación de 'Josu Ternera'

La corte consideró rechaza la entrega a España del exdirigente de ETA por crímenes de lesa humanidad

Paula rosas

París

Miércoles, 1 de julio 2020, 17:25

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El Tribunal de Apelaciones de París ha abierto la puerta a la liberación de José Antonio Urrutikoetxea, 'Josu Ternera', para quedar bajo arresto domiciliario bajo control de un brazalete electrónico. La corte ha ordenado un estudio de viabilidad para comprobar si el dispositivo sería efectivo en el alojamiento que el exdirigente de ETA utilizaría al salir de prisión. El tribunal ha rechazado, además, su entrega a España por crímenes de lesa humanidad, al considerar que la orden de detención europea emitida por la Audiencia Nacional contenía numerosas imprecisiones.

Los abogados del etarra habían solicitado su liberación al considerar que su «precario estado de salud» y su edad, 69 años, suponen factores de riesgo en caso de contraer la Covid-19. La fiscalía, por primera vez, no se ha opuesto a la excarcelación. El tribunal deberá pronunciarse sobre el asunto el 29 de julio, aunque parece poco probable que el estudio arroje un resultado negativo -básicamente se trata de saber si el brazalete tiene cobertura suficiente-, así que, casi con toda certeza, el tribunal podría ordenar ese día su salida de la cárcel para pasar a un arresto domiciliario bajo condiciones y con horarios de salida autorizados.

La defensa del etarra presentó el pasado mes de abril un certificado médico firmado por un internista del hospital Cochin de París, en el que se detallaba que el preso presenta «patologías crónicas que son factores de mal pronóstico en caso de contaminación por el Sars-Cov2». El documento señalaba que debido a la actual epidemia y el hacinamiento en la cárcel, «sería preferible que su encarcelamiento fuera suspendido».

Urrutikoetxea, que ha comparecido este miércoles en persona por primera vez desde el inicio de la crisis sanitaria -durante este tiempo lo ha hecho por videoconferencia-, portaba mascarilla y lucía mejor aspecto que en otras ocasiones. El año pasado fue operado de próstata y sufre varias patologías crónicas, entre ellas insuficiencia renal e hipertensión arterial. «Algunos pueden ver a un militante histórico, pero lo que yo veo es un viejecito de 69 años», ha dicho la letrada Laure Heinich, lo que ha provocado las sonrisas de los familiares y amigos del etarra y del propio 'Ternera'.

La fiscal, por primera vez desde que se iniciara el periplo judicial de Urrutikoetxea hace un año, no se ha opuesto a la liberación. «No creo que sea precisamente un viejecito», ha bromeado, pero ha reconocido que en la prisión de La Santé se han producido varios focos, principalmente entre trabajadores, y que la superficie de este presidio, en una zona urbana del sur del París, «es muy reducido», por lo que quizás podría «haber un riesgo para su salud». Sin embargo, debido a «la gravedad de los hechos que se imputan, en Francia y en España» y debido a que estuvo 17 años fugado de la justicia, «un brazalete electrónico podría ser la solución».

No obstante, el ministerio público pidió un estudio de viabilidad para comprobar que el dispositivo funciona en el alojamiento que Urrutikoetxea utilizaría al salir de prisión. Según los abogados, una «personalidad» ha ofrecido un pequeño apartamento para albergarlo en un céntrico distrito de París.

La de este miércoles era la cuarta demanda de liberación que presentaban sus abogados desde que fuera capturado el 16 de mayo de 2019 en los Alpes franceses. Un tribunal les dio en un principio la razón y ordenó su liberación mientras se repetían los dos juicios que tiene pendientes con la justicia francesa. Sin embargo, Urrutikoetxea no llegó a pisar la calle porque ese mismo día la Fiscalía francesa se movilizó para tramitar las cuatro demandas por las que lo requiere la Audiencia Nacional. Desde entonces ha estado recluido en el presidio parisino.

De esas cuatro demandas, la justicia ya concedió en enero a España la que lo requiere para juzgarlo por su implicación en el atentado de la casa cuartel de Zaragoza en 1987. Sin embargo, el etarra no se sentará en el banquillo por el delito de lesa humanidad, un revés para la Audiencia Nacional, que consideraba que, al haber sido miembro de la cúpula de ETA, 'Ternera' es responsable moral de los crímenes cometidos por la banda de 2004 a 2007. Entre ellos está el atentado del aparcamiento de la T4 del aeropuerto de Madrid, en el que murieron dos personas.

Imprecisiones jurídicas

Pero el Tribunal de Apelaciones, que ha solicitado en varias ocasiones más información a las autoridades judiciales españolas sobre el caso, no lo ha visto claro. Consideran que la orden de detención y entrega europea emitida por España contiene imprecisiones, sobre todo en lo relacionado con la fecha y la «calificación de los hechos precisos», según ha explicado la presidenta del tribunal. La Fiscalía ha llegado ha decir en esta última sesión que la entrega a España de Urrutikoetxea «se ha convertido en un folletín», y que cada nueva clarificación que enviaba la Audiencia Nacional a las autoridades judiciales francesas contenía «nuevos errores».

Para los otros dos dosieres por los que España reclama su entrega, el asesinato del directivo de Michelin Luis Miguel Hergueta en 1980 y el de financiación del terrorismo -el caso conocido como de las «herriko tabernas»- no habrá decisión hasta el 30 de septiembre.

Su posible liberación no tendría, por el momento, fecha de caducidad. Aunque está ligada a la situación de la pandemia -en la prisión de La Santé en la que está recluido desde mayo del año pasado se han dado varios casos del nuevo coronavirus-, Urrutikoetxea no deberá volver a la cárcel en caso de que la situación sanitaria mejore, ha explicado su abogada, Laure Heinich. El exidirigente etarra tiene dos causas pendientes con la justicia francesa, dos juicios por los que fue condenado en rebeldía en 2010 y 2015 y que deben repetirse. Además, el Tribunal de Apelaciones ha concedido ya una orden de entrega a España, por el atentado contra la casa cuartel de Zaragoza en 1987, en el que murieron 11 personas.

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