A disposición judicial

La prisión preventiva limita pero no anula el derecho a la participación política de los cinco independentistas electos

El Tribunal Supremo hizo público ayer un auto rechazando solicitar el suplicatorio al Congreso y el Senado para proseguir con el juicio sobre los diputados electos Oriol Junqueras, Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull, y el senador electo Raül Romeva, puesto que las sesiones dieron inicio mucho antes de las elecciones y tramitar la petición obligaría a suspenderlas en perjuicio de los demás procesados. En el mismo auto, el Tribunal que preside Manuel Marchena volvió a negar su puesta en libertad, si bien resolvió que los cinco electos presos puedan asistir –de manera «excepcional»– a la toma de posesión de sus escaños en las sesiones constitutivas de Congreso y Senado del próximo 21 de mayo, por ser ello imprescindible para adquirir la condición de miembros del Legislativo. Por su parte, la Junta Electoral Central hizo suyos los impedimentos expuestos por la dirección de la cárcel de Soto del Real –en cuanto a su incompatibilidad con el horario de la prisión– para negar al candidato Oriol Junqueras su participación en el debate electoral de anoche en TV3. El mantenimiento de la prisión preventiva no anula pero sí limita los derechos de participación política de los cinco electos, también por cuestiones prácticas. Más allá de tales incidencias, que los propios presos podrían prevenir en adelante, el auto del Supremo permite concluir que los límites para la participación política de los cinco encausados electos derivan de la necesidad de asegurar que no interfiera en el desarrollo del proceso penal. El Tribunal descarta la idea de que el acceso al ejercicio de la función parlamentaria deba dejar sin efecto la prisión preventiva, cuando las razones que llevaron a establecer la medida cautelar siguen vigentes a criterio del Supremo. A diferencia de la fórmula aprobada en el Parlamento catalán para cubrir la ausencia de diputados presos o huidos mediante la delegación de su voto en otro miembro de su respectivo grupo, los reglamentos de Congreso y Senado no contemplan otra posibilidad que «la suspensión en sus derechos y deberes parlamentarios». Sabedores de todo ello, es de desear que los cinco presos independentistas, electos por ERC y Junts per Cat, no aprovechen el momento de la jura o promesa de la Constitución, el próximo martes 21, para perturbar el desarrollo normal de la sesión extralimitándose en el trámite de toma de posesión.