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Desescalada y reconstrucción

El Gobierno debe proponer cuanto antes los criterios con que se pasaría a actuar frente a la COVID-19 cuando decaiga el estado de alarma

Domingo, 24 de mayo 2020, 22:54

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Sánchez mostró ayer ante los presidentes territoriales su disposición a retirar el estado de alarma de algunas comunidades autónomas en los próximos días, con el propósito de que entre finales de junio y principios de julio el conjunto del país acceda a la 'nueva normalidad'. Al tiempo que el Gobierno estudia la posibilidad de que la progresión entre fases se consuma en menos de dos semanas, para así evitar que Madrid y Barcelona se queden atrás. De confirmarse el anuncio, respondería a una evolución epidemiológica positiva y permitiría la definitiva descentralización de las pautas que desde el 15 de marzo ha ido marcando en exclusiva el Ejecutivo. Pero al mismo tiempo supondría una redistribución tal de responsabilidades durante la segunda parte de la desescalada que podría llevar a la hasta ahora autoridad única a desentenderse en exceso y de manera repentina de las riendas que no ha querido soltar en dos meses y medio. Tras rechazar que el desconfinamiento pueda ser ordenado sin recurrir a la figura jurídica del estado de alarma, hasta fetichizarla, el Gobierno tiene la obligación de proponer el cuadro de referencias legales y criterios con que el Estado en su conjunto pasaría a actuar cuando decaiga la vigencia de esa excepción constitucional en parte o en todo el territorio nacional. Lo que requiere un acuerdo expreso con las instituciones autonómicas y su ensamblaje con las normas territoriales. Tarea que precisa mayor atención y sentido que el empleado por Sánchez para asegurar la quinta prórroga del estado de alarma. Por otra parte, sería un contrafuero que el Gobierno intentase tramitar una sexta prórroga contando con el apoyo de partidos representativos de ámbitos territoriales –por ejemplo, vascos y canarios– en los que ya no rija o no vaya a regir el estado de alarma. En cualquier caso, es imprescindible que al finalizar éste o en su flexibilización operativa no se produzcan vacíos legales y carencias ejecutivas, habida cuenta de los niveles de improvisación que aun se dan en la gestión del 'mando único'. Además, en tanto que la desescalada se irá solapando con la reconstrucción, es necesario que su descentralización no confiera a las comunidades tareas y retos para los que no disponga de suficiencia financiera. El fondo COVID-19 es tan limitado respecto a las transferencias que reivindican las autonomías, y sus criterios de reparto siguen tan en el aire, que bien harían los presidentes autonómicos en reclamar a Sánchez que precise el grado de compromiso financiero que la Administración central asume respecto a la territorial para éste y el próximo ejercicio.

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