Un deber de memoria

La reunión que la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, mantuvo este martes con el secretario de estado de la Santa Sede, Pietro Parolín, la llevó a mostrarse confiada en que la Iglesia intervendrá para impedir que los restos de Francisco Franco, cuya exhumación forma parte de los anuncios del Ejecutivo Sánchez, acaben inhumados en la catedral madrileña de la Almudena. A tenor de la nota informativa que la oficina de comunicación del Vaticano emitió tras las palabras de la vicepresidenta Calvo, la Iglesia de Roma no se siente comprometida más que por su deseo de que el asunto se resuelva. El Gobierno y la mayoría del Congreso estiman que la continuidad de Franco en el Valle de los Caídos atenta contra la Ley de la Memoria Histórica, dado que sugiere el reconocimiento público del dictador y alienta el homenaje permanente a su recuerdo. El traslado de sus restos no cuenta con más argumento de oposición que el reproche –reiterado ayer por el PP– porque el Gobierno Sánchez eluda por tal causa problemas que importan más a los ciudadanos. Por indefendible que sea la continuidad de los restos de Francisco Franco en la basílica sita en el valle de Cuelgamuros, el Gobierno no acaba de asegurar que su traslado permita cumplir con el espíritu que reivindica tras la literalidad de la Ley de la Memoria Histórica. Sencillamente porque los deudos del dictador insisten en mantener en una posición notoria la memoria de su abuelo o bisabuelo. Hubiera sido más conveniente que el Ejecutivo, representado por Carmen Calvo, afrontase la cuestión con el Vaticano sin que la cita del martes con Parolín abordara también temas como las inmatriculaciones a nombre de las diócesis católicas o la aplicación del IBI sobre los inmuebles que no estén dedicados al ejercicio del culto religioso. Todo bajo la sombra de los abusos a menores en el seno de la iglesia católica española. Carmen Calvo regresó de Roma tan convencida del éxito de su gestión, que anunció un triunfo desmentido inmediatamente por el Vaticano. De modo que el problema ha vuelto al punto de partida. Al de una familia que no parece dispuesta a aceptar que su pasado –su abuelo o bisabuelo– sea objeto de un escrutinio abrumador que condena su memoria, algunos de cuyos miembros pretenden además continuar siendo usufructuarios materiales y morales de un pasado indefendible. Al Gobierno corresponde administrar las razones democráticas de fondo con más acierto político y criterio jurídico del que hasta ahora ha demostrado.