Debatir en libertad

Sería decepcionante que los candidatos rehuyeran el debate público de sus propuestas por diferencias sobre qué cadena o cadenas deben emitirlo

La decisión de la Junta Electoral Central de desaprobar la participación de una fuerza que todavía no es parlamentaria –Vox– en un debate de campaña programado por un grupo privado de comunicación echa por tierra los planes del Gobierno, que por cálculos partidistas había optado por un debate a cinco bandas que incluyera a la derecha radical y despreció el encuentro a cuatro' planteado por la televisión pública, al que ahora se agarra. Además, destaca uno de los vacíos que presenta la ley orgánica correspondiente. El pulso entre cadenas y partidos a propósito de una cita a la que han sido convocados los principales candidatos a la Moncloa es el último rifirrafe de una campaña dominada por la crispación. Cada vez que los debates se suman a la controversia política surgen voces que reclaman su obligatoriedad por ley. Pero nadie es capaz de precisar los términos en que pudiera materializarse tal deseo porque resulta imposible hacerlo sin deslizarse hacia el absurdo. Una norma orgánica no podría detallar que los candidatos de formaciones con un tanto por ciento de representatividad anterior deben someterse a debates televisados. Ni ordenar que atiendan positivamente todas las propuestas de ese tipo que les lleguen. En una sociedad abierta, la realización plena de la democracia invitaría a que los candidatos y partidos respondan libremente al ofrecimiento de su participación en debates, sea cual sea el formato, a sabiendas de que su negativa a acudir a ellos sería objeto de crítica partidaria. La ley orgánica no podría consagrar más que la libertad. Está comprobado que todo candidato en ventaja demoscópica respecto a los demás aspirantes evita someterse a situaciones que no controle. Del mismo modo que las formaciones con menos expectativas encuentran en los debates públicos su oportunidad de campaña. Los propósitos de transparencia decaen cada vez que un partido sortea la confrontación con los demás, hurtando así la información que los electores requieren para decidirse sobre su voto. Máxime cuando la indecisión supera el 40% de los ciudadanos que se dicen dispuestos a votar. Nada sería más decepcionante que el espectáculo final de una campaña en la que los candidatos a la Presidencia del Gobierno rehuyeran el debate entre ellos o se emplazaran mutuamente sin comparecer en una discusión pública por discrepancias sobre qué cadena o cadenas deben emitir su contraste de propuestas. Nada añadiría más incertidumbre a la política española que el desencuentro partidario a la hora de citarse a debatir.