Crispación electoral

La confrontación descarnada no propicia beneficio alguno mientras perjudica gravemente a la convivencia tolerante

Los primeros días de la campaña oficial para las elecciones generales del 28 de abril han continuado con las descalificaciones y salidas de tono de las semanas anteriores, sumándose a éstas las inadmisibles actuaciones que han tratado de boicotear actos públicos del PP, Ciudadanos y Vox en la Universidad Autónoma de Barcelona, en Donostia, Bilbao y Errenteria. Puede resultar legítimo que un grupo de personas aquejadas de un problema que consideren desatendido exterioricen su protesta aprovechando la celebración de un acto electoral, siempre y cuando no traten de impedir su desarrollo. Pero ni dentro ni fuera de una campaña es admisible que se pretendan imponer determinadas posturas políticas intentando acallar otras por la fuerza física o la coacción hacia ciudadanos que ejerzan el derecho a la reunión y a la expresión libres. La discrepancia ideológica y la contestación ciudadana tienen sus propios cauces de manifestación, especialmente cuando se trata de un proceso electoral que culmina en el sufragio universal. La polarización partidista en ningún caso puede justificar que un grupo de personas haga siquiera ademán de reventar o interrumpir un acto público, guareciéndose además en el anonimato y en una espontaneidad simulada para eludir responsabilidades tanto políticas como legales. Al margen de tan deplorables actuaciones, es necesario que la diatriba electoral discurra con el máximo de normalidad y respeto mutuo. Partidos y candidatos han de comprender que la búsqueda de la confrontación más descarnada no les propicia beneficio electoral alguno, mientras perjudica gravemente a la tolerancia requerida para una convivencia sana y duradera. Especialmente cuando la disputa exacerbada oculta la inexistencia de soluciones solventes a los problemas que afectan a la sociedad, o intenta disimular la inseguridad con la que proceden sus actores. Ni la exaltación patriotera ni la presunción de una superioridad moral pueden tener lugar en el debate entre formaciones que aspiran a dar cuerpo a las Cámaras representativas a partir del 28-A. Los principales dirigentes y sus equipos de campaña han de esforzarse en su tarea, renunciando a atajos dialécticos que eludan argumentos fundamentados, evitando el recurso a alentar a los incondicionales a costa de incrementar la distancia respecto a los demás ciudadanos. La democracia representativa saldrá ganando si en un clima de tanta incertidumbre los actores de la política se moderan en palabras y gestos, para así procurar la estabilidad de las instituciones y su legitimación social.