Contener la respiración

El pleno del Parlamento de Cataluña despejará hoy la incógnita que contiene la respiración de todo el país. Sabremos si, al final, el independentismo gobernante trata de ser consecuente con sus propios anuncios u opta por aparcar la Declaración Unilateral de Independencia. Un secesionismo que también podría optar por la variante y por una proclamación rebajada de tono y exenta de medidas inmediatas de ruptura. Pero la única manera que tiene la Generalitat de acabar con el disparate de un referéndum que no fue tal es la renuncia a la DUI de forma definitiva. Por si los ánimos institucionales flaquean, la ANC ha convocado a sus seguidores a las puertas de la Cámara autonómica, mientras que la CUP hará lo propio con sus parlamentarios dentro de la sala de plenos. Esa combinación refleja a la perfección el estado de cosas que vive Cataluña, con los responsables gubernamentales secesionistas cediendo el mando de las operaciones a asociaciones pretendidamente cívicas, cuando en realidad son las que marcan el ritmo de la desconexión. A la celebración de un pleno que, con toda probabilidad, variará el orden del día sobre la marcha –con lo que se ningunea así a casi la mitad del foro parlamentario– se le suma la presión ejercida sobre la Generalitat por sectores cuya representatividad no está contrastada en las urnas. Es evidente que, sean cuales sean los términos en los que el Parlamento se pronuncie a favor de la independencia, tendrán la respuesta del Estado de Derecho y la réplica política de todas las formaciones contrarias a la temeridad secesionista. La decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de transferir la custodia de su sede al Cuerpo Nacional de Policía y arrebatársela a los Mossos constituye, a todas luces, una medida en previsión de lo que pueda pasar. La anunciada y no desmentida declaración unilateral de independencia daría paso a la ineludible asunción de responsabilidades por parte del Gobierno central, con lo que se seguiría el guión previsto dentro de la legalidad. Porque el Estado constitucional no puede permitir, por definición, que una mayoría parlamentaria se haga con el poder del autogobierno catalán para desbordar el Estatut y establecer una república propia sobre las instituciones de la Generalitat autonómica.