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¿Qué ha pasado hoy, 28 de marzo, en Extremadura?

Combatir la corrupción

Es necesario realzar el papel institucional y reforzar la intervención financiera y el control de legalidad en la administración

Jueves, 21 de noviembre 2019, 00:17

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La sentencia sobre el fraude de los ERE se basa en la constatación de hechos que describen una clara voluntad por sortear las normas básicas que aseguran una utilización justa de los fondos públicos a fin de ponerlos al servicio de intereses ajenos al bien común. La complejidad de los casos de corrupción y la renuencia de los partidos y las administraciones afectadas a colaborar en su esclarecimiento judicial han dilatado los procesos abiertos y fomentado la interesada versión de que esa lacra corresponde al pasado reciente. Es sorprendente que este asunto haya desaparecido de los programas electorales y de las dos últimas campañas. Ello cuando nadie puede aseverar que hoy no se estén produciendo ilícitos. Tramas como Gürtel, los ERE o el 3% en Cataluña, junto a la corrupción urbanística, advierten de que la prevaricación, la malversación o el cohecho se hacen realidad cuando la normativa vigente y los controles dispuestos pueden ser burlados por decisión o indolencia de responsables institucionales. También cuando la actuación judicial puede verse entorpecida hasta la desesperación, el dinero defraudado parece casi imposible de recuperar, y las penas y sanciones no resultan disuasorias frente al incentivo del lucro fraudulento. La casuística de la corrupción ha sido tan prolija que permitiría la adopción de un sinfín de medidas de prevención y supervisión sin ralentizar en exceso el funcionamiento de las administraciones. Empezando por realzar el papel institucional y reforzar los recursos humanos y materiales de la intervención financiera y el control de legalidad. En ese sentido, debería revisarse la gestación no siempre razonada de sociedades de titularidad pública pero de derecho privado, así como el nepotismo partidista al que dan lugar. Sería necesario atajar la multiplicación de los cargos de designación y, junto al seguimiento de los flujos monetarios, establecer mecanismos de alerta respecto al abuso en la segmentación de contratos o el tráfico de influencias. La vigilancia económica sobre las fundaciones vinculadas a partidos debiera ser más incisiva. Pero hay una vertiente que los grupos parlamentarios han de afrontar con urgencia, aprestándose a analizar críticamente las liquidaciones presupuestarias, partida por partida, de todas las instituciones. Porque la corrupción está presente también en el despilfarro y la ineficiencia deliberada.

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