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Cataluña en tensión

El Estado de derecho no puede modular sus actuaciones según la oportunidad, pero tampoco permanecer ajeno a los efectos

Jueves, 21 de septiembre 2017, 00:09

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La detención de 14 personas implicadas en los preparativos del referéndum ilegal convocado para el 1 de octubre, entre ellas altos cargos de la Generalitat de Cataluña, y los registros en diversas dependencias de la administración catalana constituyen, desde el punto de vista de los procedimientos abiertos para impedir la realización de esa consulta, una medida lógica. Y lo son teniendo en cuenta la incautación de medios y materiales que podrían corresponder a la comisión de delitos de desobediencia, prevaricación y de malversación de fondos públicos. Lamentablemente, es evidente que lo sucedido ayer tendrá consecuencias políticas en cuanto al incremento de la distancia que separa a la Cataluña secesionista respecto al no nacionalismo catalán y al resto de España. Pero la actuación de la Guardia Civil obedeció a un auto del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona que vendría investigando sobre el tema desde febrero. El Estado de derecho no puede modular su actuación con arreglo a consideraciones de oportunidad o conveniencia política. Así lo dejó sentado ayer el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en una declaración institucional en la que recordó que España es un «Estado democrático y de derecho» dotado de los instrumentos necesarios para impedir que se infringan las normas básicas y evitar que la «sinrazón» de unos pocos la sufran el conjunto de los ciudadanos. «Cada ilegalidad tendrá su respuesta, que será firme, proporcionada y rigurosa», advirtió a los independentistas Rajoy, que hizo bien al ofrecerles su disposición a dialogar, desde el respeto a la ley, «para evitar males mayores». En esa vía para reconducir la deriva a la que está siendo llevada la convivencia en democracia juegan un papel determinante todas las formaciones políticas, obligadas a dar su apoyo a las reglas establecidas por el Estado de derecho y evitar un aprovechamiento partidista de la grave coyuntura.

Corresponde a los gobernantes de la Generalitat y a los partidos que los respaldan corregir el rumbo de acontecimientos que apuntan a una espiral creciente de despropósitos independentistas, seguidos ineludiblemente de medidas políticas de contención y de procedimientos judiciales de depuración de responsabilidades. Es una insensatez que, suspendido el referéndum independentista del 1 de octubre y desmantelados materialmente buena parte de sus preparativos, el independentismo gobernante insista en emplear sus esfuerzos en la movilización de sus adeptos en torno a una consulta simulada. El Gobierno de Carles Puigdemont quiso adelantarse ayer a los hechos que está fomentando el propio independentismo declarando que «el Estado español ha suspendido de facto el autogobierno catalán». Es inaudito que quien encabeza la vulneración de las normas legales desde el propio poder autonómico acuse a otras instituciones de ir en contra del Estado de derecho. Pero aún más reprochable resulta que las distintas instancias de la Generalitat continúen embarcadas en una deriva hacia la división interna y la ruptura con el resto de los españoles. Por cuestionable que resulten unas u otras decisiones judiciales o el modo de llevarlas a cabo, el victimismo no es culpa de quienes se mueven dentro de la legalidad, sino el mecanismo de exacerbación de sentimientos que emplean aquellos que pretenden desbordar los cauces normativos de convivencia.

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