El fiscal jefe de Baleares no ve «desproporcionado» requisar móviles a periodistas

Bartomeu Barceló (a la derecha en la imagen). /Cati Cladear (Efe)
Bartomeu Barceló (a la derecha en la imagen). / Cati Cladear (Efe)

Barceló cree que la decisión del juez Florit y de Anticorrupción en el 'caso Cursach' salvaguarda el secreto profesional y «no tiene mayor importancia»

Mateo Balín
MATEO BALÍNMadrid

El fiscal jefe de Baleares, Bartomeu Barceló, ha defendido este miércoles la decisión del juez instructor de Palma de Mallorca, Miguel Florit, con el apoyo de la Fiscalía Anticorrupción, de ordenar este martes la entrada de la Policía Judicial en las sedes de Diario de Mallorca y la delegación de Europa Press y requisar documentación, los ordenadores y los teléfonos móviles de dos periodistas de estos medios.

El objetivo de esta diligencia, que ha provocado el malestar generalizado de asociaciones de informadores y periodistas especializados en tribunales por la vulneración del secreto profesional (artículo 20 de la Constitución), era buscar el origen de la filtración periodística de una noticia publicada en julio pasado. Dicha información versaba sobre un informe del grupo de blanqueo de capitales de la Policía Nacional, que apuntaba a un presunto fraude fiscal del empresario mallorquín Bartolomé Cursach de 51 millones de euros y 14,7 más a la Seguridad Social entre los ejercicios 2010 y 2016.

Para el fiscal jefe de Baleares, la diligencia ordenada por el juez Florit no es una «medida desproporcionada» ni un «precedente peligroso», tal y como han considerado más de 200 periodistas en un escrito remitido esta mañana a la Fiscalía General del Estado. «No se trata de revelar ni de buscar ninguna fuente, sino de hacer unas comprobaciones de datos que están siendo investigando por otro lado. No es que se quiera infringir el secreto profesional de un periodista que está reconocido en la Constitución», ha remarcado Barceló en una entrevista a la Ser.

Así, el fiscal jefe ha hecho hincapié en que «los periodistas (de Diario de Mallorca y de Europa Press) no son objeto de investigación» y que estaba al tanto de la decisión tomada por la Fiscalía Anticorrupción en Baleares. «Les dije que había que estar seguros de que no se infringiese el secreto profesional del periodista», ha recalcado Barceló.

Según ha remarcado, se trata de «investigar unos hechos» que están bajo secreto sumarial, no de investigar fuentes sino de hacer comprobaciones. De esta manera, ha asegurado que no cree que sea una «medida desproporcionada» porque está hecha con «conocimiento de causa» y «tiene que respetarse porque estamos en un Estado de derecho». «Si no se está de acuerdo, se debe interponer recurso (a la Audiencia Provincial de Mallorca)», ha añadido.

Para terminar, ha manifestado que no considera que sea un precedente peligroso ya que aunque se haya creado «alarma social, no tiene mayor importancia». «Se han registrado despachos de abogados en muchas ocasiones y no ha tenido mayor repercusión», ha puesto como ejemplo.

«Velamos por el secreto profesional»

De forma previa, la fiscal general María José Segarra ha defendido el derecho a la libertad de expresión y el secreto profesional de los periodistas, en especial la protección de las fuentes de información, aunque sin entrar en el caso concreto de Palma de Mallorca.

La Fiscalía y los jueces clarísimamente velamos por esa libertad de expresión y por supuesto por el secreto de las fuentes. Nuestra intención desde luego no es vulnerarlo«, ha afirmado antes de inaugurar el V Congreso de Derechos Humanos de la Abogacía Española.

La Asociación de Medios de Información (AMI) también ha mostrado su «más absoluto rechazo» a los registros judiciales a las sedes de Europa Press y Diario de Mallorca en Palma. La asociación, que representa a más de ochenta medios de comunicación españoles, entre ellos los dos afectados, ha afirmado que los registros representan un «grave ataque al derecho de información» y a la «independencia de los medios frente a todo tipo de presiones». AMI recuerda a las autoridades policiales o judiciales que no pueden coaccionar a los profesionales de la información en el ejercicio de sus funciones, a los que les ampara el derecho de protección de sus fuentes.