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Búsqueda de los desaparecidos en el pantano de Susqueda. Efe

El presunto asesino de Susqueda confiesa a otro preso que su hijo fue el autor del crimen

Jordi M. G. se ha negado a declarar ante el juez en la vista en la que se le ha anunciado que su caso será juzgado por un tribunal popular

efe

Santa Coloma de Farners (Gerona)

Miércoles, 16 de mayo 2018, 11:40

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El presunto asesino de dos jóvenes en el pantano de Susqueda (Gerona), Jordi M. G., ha ido a declarar ante el juez que investiga el caso después de que un compañero de prisión haya explicado que el acusado le confesó que su hijo había sido el autor del crimen.

Sin embargo, Jordi M. G. se ha acogido a su derecho a no declarar en una vista donde le han anunciado que su caso se seguirá por dos delitos de asesinato por procedimiento de jurado.

En la sesión le han comunicado que la causa se sigue por dos delitos de asesinato, y las partes han propuesto una serie de diligencias a practicar, sobre las que se pronunciará el juez instructor próximamente.

El abogado de los padres de las víctimas, Carles Monguilod, que ejerce la acusación particular, ha detallado a su entrada a los juzgados que solicitó este trámite después de que se conociese esa novedad a raíz de las manifestaciones de un convicto que comparte cárcel con Jordi M..

Ese testigo, según Monguilod, ha declarado ante la policía que el procesado le confesó «que algo había tenido que ver con los asesinatos», con una versión que apunta como autor del crimen a su hijo, que fue detenido poco después que él, aunque fue puesto en libertad al descartarse su participación en el caso.

Esta nueva versión es «uno de los elementos principales» por los que la acusación particular ha reclamado que Jordi M. declare hoy, ya que «el primer derecho de todo acusado de dos delitos tan graves como el asesinato es explicarse ante el juez».

Entre las diligencias que se solicitarán figura la de que la actual pareja de Jordi M., que se encuentra en Colombia desde poco después de los hechos, declare de manera presencial o mediante una comisión policial o judicial que se envíe a aquel país, aunque ella tendría derecho a no hacerlo en su calidad de esposa.

Tanto la fiscalía como la acusación particular y las populares, que ejercen los ayuntamientos de los municipios en los que residían las víctimas, abogan por el trámite del tribunal popular.

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