Un 10-N anunciado

El rey Felipe VI se vio obligado ayer a dar por inservible el escrutinio del 28 de abril y a no proponer ningún candidato a la Presidencia del Gobierno al no existir una mayoría que garantice su investidura, lo que aboca a España a una repetición de las elecciones generales. Serán las cuartas en cuatro años. La legislatura que debía iniciarse hace ya casi cinco meses estaba abocada al fracaso. Es más, los acontecimientos de las últimas horas han demostrado que el país puede sentirse más seguro si vuelve a las urnas que si, para evitar la cita con ellas del 10 de noviembre, continúa depositando en los principales actores de la política partidaria la confianza en una gobernación solvente de los intereses comunes. Conviene no dramatizar porque es mejor que los ciudadanos retomen con su voto las riendas del país que someter su futuro al resultado incierto de una subasta tan caprichosa. Una vez fallido el intento de investidura de Pedro Sánchez en julio, se hizo evidente que no sería fácil salvar el trámite en septiembre. Era improbable que el transcurso del verano pudiera atenuar las diferencias de partida. Además, a medida que el líder socialista daba señales de que podía estar más interesado en unos nuevos comicios que en verse condicionado en su acción de gobierno por una u otra alianza, las demás formaciones fueron asimilando el desafío que supondría la convocatoria del 10-N. Hoy nadie se muestra incómodo en ella. Ningún partido puede dar señales de sentirse perjudicado por un desenlace tan anunciado si no quiere descolgarse en la liza electoral. Pero el recurso generalizado al tacticismo hace que la incertidumbre sobre sus efectos últimos afecte a las expectativas de todas las fuerzas políticas, sin excepción. También al PSOE de Sánchez, que parecía más interesado en mejorar su posición con otras elecciones, pero que se ha visto retratado en su impasibilidad a la hora de procurar una mayoría de Gobierno. Es dudoso que el 10-N dé paso a una legislatura gobernada con coherencia, que asegure cuando menos cuatro años de estabilidad. Sobre todo, porque cada líder y partido en contienda no parece capaz de asumir la necesidad de acuerdos de Gobierno y de consensos básicos, a pesar de que la fragmentación parlamentaria los hace imprescindibles.