Acuerdo invasivo

El acuerdo alcanzado entre el PP y el PSOE para distribuirse la designación de los veinte nombres que corresponde señalar al Congreso y al Senado para el Consejo General del Poder Judicial asegura la renovación inmediata de este órgano, pero también refleja alguno de los peores hábitos con los que los partidos han venido invadiendo su independencia. Ambas formaciones consensuaron en primer lugar el nombramiento del magistrado Manuel Marchena como presidente del Supremo y, por ello, del CGPJ, cuando corresponde al pleno de esta última instancia su votación, sin esperar siquiera a la presentación de los vocales que integran la propuesta. Pactaron repartirse once y nueve puestos, respectivamente, mientras renunciaban a cuestionarlos o discutirlos mutuamente. La entente de Podemos con el PSOE en torno a la cuota 'progresista' redondeó el amaño con la implicación de un tercer grupo, frente a la abierta protesta de Ciudadanos. No se trata solo de que PP, PSOE y Podemos hayan empleado la misma vía utilizada desde mediados de los 80. Además, los dos primeros han querido hacer notar su impronta partidaria al adelantar el nombre de Marchena, lo que ha provocado la desaprobación de las asociaciones de jueces a tal manera de actuar. La trayectoria profesional de Marchena garantiza que quien, a todas luces, presidirá el Tribunal Supremo y el CGPJ será un jurista de gran competencia; además, añade una amplia experiencia jurisdiccional y un extenso conocimiento de los problemas que deberá afrontar en el gobierno de los jueces. El ascenso a la presidencia del Supremo conlleva su relevo al frente de la Sala de lo Penal del Alto Tribunal, que deberá juzgar a los líderes independentistas encausados por el 1-O, y de cuya sentencia iba a ser ponente. Esta circunstancia incrementa el interés del acuerdo político, puesto que, aunque la instrucción del caso la haya dirigido el juez Pablo Llarena, la Sala presidida por Marchena es la que convalidó el procesamiento y dio curso a sus resultados a efectos de la apertura del juicio oral. De manera que su sustitución en el tribunal de siete miembros, por un lado, y en su presidencia –presumiblemente por Andrés Martínez Arrieta–, por el otro, genera nuevas expectativas respecto al desarrollo de tan crucial juicio en un momento en el que Manuel Marchena deberá emplear todos sus esfuerzos en restablecer la cohesión interna en el Supremo y en contribuir a la recuperación de su reputación jurisdiccional.