El Constitucional da el primer paso para inhabilitar a la presidenta de la Cámara catalana

La corte admite a trámite el recurso contra la comisión del proceso constituyente

CRISTIAN REINO

barcelona. El Tribunal Constitucional admitió ayer a trámite el recurso presentado por el Gobierno central contra la creación en el Parlamento de Cataluña de la comisión de estudio del proceso constituyente, cuyos trabajos arrancarán el 8 de marzo. El Ejecutivo central interpuso un incidente de ejecución de sentencia, al entender que con esta comisión la presidenta de la Cámara y las fuerzas independentistas desobedecieron la suspensión de la declaración secesionista decretada por el Constitucional.

La impugnación del Gobierno es consecuencia de la última reforma de la ley del Constitucional, impulsada por el PP, que faculta al alto tribunal a actuar contra quienes no acaten sus resoluciones. De ahí que el Gobierno central optara por el incidente de ejecución de sentencia, pues consideró que la comisión de estudio del proceso constituyente «supone un acto frontal y de desacato» de la sentencia que declaró inconstitucional la declaración independentista del 9-N y que inició la fase final del proyecto independentista.

En su recurso, el Ejecutivo pidió al tribunal que por un lado anulara la creación de la comisión y por otro advirtiera a la presidenta de la Cámara, Carme Forcadell, y a los integrantes de la comisión parlamentaria que podían incurrir en responsabilidades penales si continúan con los trabajos. De momento, el Constitucional ha admitido a trámite el recurso del Gobierno, lo que no implica la suspensión cautelar de la comisión parlamentaria, y en próximas reuniones entrará en el fondo del debate y determinará si la comisión parlamentaria emana directamente de la declaración rupturista del 9-N y si hay desobediencia.

El incidente podría resolverse por tanto con una advertencia a Forcadell y a los miembros de la comisión. Si estos desoyeran este aviso y siguieran adelante con los trabajos de la comisión, el Constitucional podría llegar a inhabilitarles.

El Gobierno fundamentó su recurso en que la comisión tiene un «objeto coincidente» con la resolución independentista «sobre el inicio del proceso político en Cataluña como consecuencia de los resultados electorales del 27 de septiembre de 2015». El Ejecutivo consideró que la creación de este órgano «tiene por objeto la misma voluntad decidida de poner en marcha, en el seno del Parlamento de Cataluña, un proceso constituyente, que no tiene cabida en la Constitución».

El Parlamento alegó que no se puede prejuzgar el resultado de la comisión, que su creación carece de efectos jurídicos y que se trata de la apertura de un procedimiento parlamentario cuyas conclusiones «están por determinar».