Adiós a las tasas

La rectificación constituye un acierto, aunque haya que enmarcarla en la mejora de la economía y en el tiempo preelectoral

El Consejo de Ministros aprobó ayer un conjunto de medidas que fueron anunciadas por el presidente Rajoy en el transcurso de su discurso sobre el estado de la nación. Una de las más relevantes ha sido la supresión de las tasas judiciales para las personas físicas (se mantienen en cambio para las personas jurídicas, es decir, para empresas). La referencia oficial del Consejo de Ministros indica que el objetivo de esta reforma es que «ningún ciudadano deje de acudir a la Justicia por motivos económicos» y que la Justicia «esté al alcance de todos, garantizando la tutela judicial efectiva». La supresión de las tasas, una medida propuesta por el ministro de Justicia, Rafael Catalá, había sido enunciada por el sucesor de Gallardón en una de sus primeras intervenciones públicas, y ha quedado incluida en el Decreto Ley de Medidas urgentes para la reducción de la carga financiera y de orden social. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Catalá explicó ayer que, desde la creación de las tasas en 2002 por el Partido Popular, éstas se han ido ajustando y, en alusión a esta última reforma, ha dicho piadosamente que se trata de una «mejora». En realidad, esta clara vuelta atrás del Gobierno elimina una de las iniciativas más polémicas de Gallardón. La otra, una revisión integral de la ley del aborto, fue cancelada personalmente por Rajoy y ello causó la salida de aquél del Gobierno. La reforma de las tasas, contenida en la ley 10/2012 de 20 de noviembre, fue muy controvertida y encontró desde el primer momento la oposición frontal de los abogados -el Consejo General de la Abogacía la criticó con dureza- y de la mayoría de las asociaciones judiciales. Tres meses después de su promulgación ya fue modificada a instancias del Defensor del Pueblo para rebajar algunas cuantías y exonerar del pago a algunos trámites como separaciones y divorcios de mutuo acuerdo. En la actualidad, la ley se halla recurrida ante el Constitucional con el argumento de que impide la tutela judicial efectiva porque dificulta el acceso de los ciudadanos a la Justicia. La rectificación, posible al haber cambiado el signo de la economía, constituye sin duda un acierto, que no pierde valor ni importancia por el hecho de que se trate de una medida con alta carga electoralista.

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