Ruz investiga de quién es una cuenta de 'Gürtel' que movió 460 millones

Según revela un escrito de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) remitido al juez el 14 de marzo, y al que ha tenido acceso este periódico, el nexo de esa fortuna con la red 'Gürtel' es el empresario zaragozano Amando Mayo, supuesto testaferro de la trama. Mayo está imputado por ingresar en 2006 en una cuenta en Suiza 100.000 euros a Luis del Rivero, expresidente de la constructora Sacyr, a su vez encausado por presuntas donaciones irregulares al PP.

La millonaria cuenta se ha descubierto a través de una carambola que comenzó con una comisión rogatoria remitida por Suiza y que reveló que Mayo, a través de una cuenta en el Coutts Bank de Ginebra a nombre de Zorak Associated, hizo dos transferencias de 100.000 euros cada una el 4 de enero y el 2 de junio de 2008 a una cuenta del Banco Pastor en La Coruña, cuyo titular es una supuesta empresa pantalla denominada Belfast Link, domiciliada en Uruguay.

Cuando los investigadores tiraron del hilo para saber quién controlaba la cuenta de Belfast Link aparecieron dos nombres desconocidos, el español Manuel Roel Pérez y el argentino Walter Manuel Hernández. Esas identidades hicieron saltar todas las alarmas. Según explica la ONIF, ninguno de los dos aparece en la Base de Datos Consolidad de Agencia Tributaria, donde figuran las personas con movimientos bancarios en España o que tributan en España. Tampoco Belfast Link aparece como «contribuyente».

Otras cinco

La Agencia Tributaria ya consiguió saber el pasado año que Roel y Hernández aparecían como titulares de otras cinco cuentas en el Banco Pastor. Y en todas ellas hubo «abonos superiores a los tres millones», pero que una de esas cuentas entre 2006 y 2010 «presentó movimientos en el debe y en el haber que suman más de 460 millones de euros».

El escrito remitido este mes por Hacienda a Ruz revela que el juez ordenó en agosto y en octubre pasados al Banco Popular que le remitiera de inmediato «toda la información de que se dispusiera» sobre esos seis depósitos. Pero eso no ocurrió, según Hacienda. La entidad, que respondió en noviembre y en diciembre de 2013, remitió información «incompleta», siempre en palabras de la Agencia Tributaria, ya que el banco se limitó a «adjuntar copias de los documentos» de identidad con las que se abrieron las cuentas, sin siquiera aportar otra «documentación» sobre esos depósitos, entre ellos el que movió los 460 millones.

Hacienda no oculta su malestar con el Banco Popular. «Es necesario resaltar -afirma el informe- el largo periodo de tiempo transcurrido (siete meses) desde que la documentación fue requerida por primera vez, a pesar de lo cual el banco, en sus sucesivas contestaciones, únicamente ha aportado copia del pasaporte y del documento de identidad de los apoderados». Y todo ello, abunda la Agencia Tributaria, «sin que se haya motivado la falta de atención del requerimiento». Una supuesta falta de colaboración, dice Hacienda, que es «especialmente grave» porque «se trata de cuentas cuyos titulares y apoderados no están identificados en la Base de Datos de la Agencia Tributaria y que presentan gran cantidad de movimientos».

Hacienda insiste al juez que dé un ultimátum al banco para que entregue no solo todos los documentos aportados para la apertura de las cuentas, sino «los movimientos de todas las cuentas» y, sobre todo, algo clave para saber quién está detrás del depósito por el que pasaron los 460 millones de euros: «el destinatario o emisor de los fondos para cada uno de los movimientos».