Ruido de fondo en el Consistorio de Mérida

Local donde se encontraba el pub Caramelo, en Los Bodegones. :: J. M. ROMERO/
Local donde se encontraba el pub Caramelo, en Los Bodegones. :: J. M. ROMERO

Los juzgados deberán aclarar si se ignoraron denuncias en la pasada legislatura | Tres procedimientos que afectan a cinco locales ponen sobre la mesa la labor realizada por la Delegación de Medio Ambiente

Juan Soriano
JUAN SORIANO

Primero fue el Caramelo, después el Marca Sport y el Metabar y ahora los locales Faralaes-Indiependent y La Voz. Los procedimientos abiertos contra el Ayuntamiento de Mérida por la tramitación de denuncias por ruido convierten a la ciudad en una referencia para los vecinos cansados de sufrir molestias de los establecimientos de ocio nocturno.

Los litigios en marcha cuentan como referente con lo ocurrido en Cáceres. Tras años de queja por la actividad de los bares de La Madrila, a comienzos del pasado año la exalcaldesa, Carmen Heras, un concejal y once empresarios fueron condenados a penas de cárcel por ruidos emitidos entre 2007 y 2012. En el caso de los políticos, por no intervenir, aunque no entrarán en prisión porque las penas no pasan de dos años. Sin embargo, los responsables de los locales han recibido condenas que pueden llevarles a la cárcel. Su solicitud de indulto cuenta con un amplio respaldo.

Los tres casos en marcha en Mérida siguen un patrón parecido. La labor realizada por la Asociación emeritense de afectados por los ruidos en los años 90 y la primera década del 2000 obligó al Consistorio a prestar más atención a este problema, lo que concluyó con la aprobación de una ordenanza específica en 2009. Seguía la línea de la Ley nacional del ruido, de 2003, que pretendía atajar una cuestión en auge en todo el país.

La exconcejala Raquel Bravo y un técnico municipal se exponen a diez años de prisión

Desde entonces los vecinos cuentan con mecanismos de defensa más claros y, aunque se mantienen las quejas por ruidos, las actuaciones judiciales han derivado a la petición de responsabilidades a los ayuntamientos por ignorar sus denuncias.

El primer procedimiento que se puso en marcha en Mérida afecta al pub Caramelo, situado en Los Bodegones. Aquí se da la primera diferencia respecto a Cáceres. Se generaron dos causas, una contra el local y otra contra el Consistorio. En lugar de unificarse, como ocurrió en La Madrila, van por separado.

En este caso, la Fiscalía de Mérida pide dos años de prisión y nueve de inhabilitación para la exconcejala popular Raquel Bravo, responsable de la Delegación de Medio Ambiente en la pasada legislatura, que tras pasar a la oposición en 2015 renunció a su acta en 2017. También solicita la misma pena para un técnico municipal. Aprecia un delito de prevaricación medioambiental, recogido desde 1995 en el Código Penal para las autoridades que permitan, de forma activa o por omisión, actividades contaminantes que dañen el medio ambiente o la salud de las personas, como ocurre con los ruidos. Incluye penas de prisión, con lo que supone una versión agravada del delito de prevaricación administrativa, que sólo implica inhabilitación.

Los vecinos del Caramelo presentaron quejas por su actividad prácticamente desde que abrió sus puertas en el año 2008. La acusación pública señala que hasta 2011 el Consistorio llevó a cabo varias actuaciones. Sin embargo, tras la victoria del PP en las municipales de ese año esa labor se paralizó. Sólo en 2012 se registraron cien denuncias.

Ante esta situación, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Mérida, que ha liderado los tres procedimientos en marcha, decidió abrir una investigación y solicitó explicaciones al Ayuntamiento. Un día después se nombró a un técnico municipal para impulsar los expedientes. Ya era tarde. Tras las mediciones realizadas por la Guardia Civil, el juzgado acordó en enero de 2013 la clausura del local.

Marca Sport y Faralaes

La Fiscalía llega a las mismas conclusiones en los otros dos procedimientos, en los que mantiene como acusados a Bravo y un técnico municipal e incluye a otros dos trabajadores del Ayuntamiento. Como en total son cinco los locales, aprecia otros tantos delitos de prevaricación medioambiental. Con penas de dos años de prisión por cada uno, la exconcejala y un técnico se exponen a diez años de cárcel y los otros dos a ocho años. De salir adelante la petición de inhabilitación supondría el fin de la carrera de todos en la Administración.

En estos procedimientos hay notables diferencias con Cáceres. En Mérida la acción no se dirige contra el alcalde durante los hechos investigados, el popular Pedro Acedo. Se debe a que el decreto de delegación de competencias dejaba toda la responsabilidad en manos de Raquel Bravo, que se expone a unas condenas por cuestiones que eran ampliamente conocidas. De ahí que muchos consideren excesivo el castigo que solicitan por su labor.

En Mérida hay tres funcionarios encausados, mientras que en la capital cacereña los funcionarios quedaron exonerados, ya que se estimó que las funciones principales recaían en los políticos.

Esta es una de las cuestiones que deberán dilucidar los juzgados de Mérida, en concreto la Audiencia Provincial, que acogerá los días 21 y 22 de este mes el juicio por el Caramelo. Después vendrán las otras dos vistas, que guardan relación pero que no representan casos idénticos.

En el caso del Marca Sport, la acusación pública señala que entre julio de 2012 y junio de 2014 el establecimiento estuvo abierto al público durante la mayor parte del tiempo sin permiso y sin licencias de obra para las reformas realizadas en el local. Asimismo, estima que entre esas fechas incumplió las ordenanzas sobre horarios de cierre y ruidos, lo que ocasionó quejas vecinales. Pese a ello, considera que los cuatro acusados no llevaron a cabo las actuaciones necesarias para terminar con esta situación irregular.

Al contrario que en el Caramelo, en este caso no constan mediciones de ruidos que evidencien incumplimientos de los locales y por tanto el procedimiento se dirige contra el Consistorio. Pero en este caso el Gobierno local sí tomó algunas medidas. Sin embargo, la Fiscalía estima que la falta de coordinación y supervisión desembocó en resoluciones contradictorias. Por ejemplo, que no se llegara a ejecutar una orden de cierre.

Junto a este local, de la calle San Salvador, forma parte del procedimiento otro establecimiento situado a pocos metros, el Metabar (hoy sigue en actividad con otro nombre). La Fiscalía sostiene que entre enero y diciembre de 2014 estuvo celebrando conciertos o poniendo música a pesar de que no tenía licencia para ello. Ni Medio Ambiente ni los técnicos iniciaron ninguna actuación.

El último procedimiento que ha concluido con una acusación pública es el que afecta a la sala Faralaes (después Indiependent), en la calle Atarazanas. Es similar al anterior, con coincidencia en las fechas. Según el escrito de la Fiscalía, estuvo abierto entre enero de 2013 y mayo de 2014 sin licencia para actuaciones en directo. Pese a las denuncias de los vecinos y aunque los conciertos eran publicitados, Medio Ambiente no intervino. El local llegó a funcionar sin limitador de sonido.

Esta comunidad de vecinos también pidió amparo por el karaoke La Voz, a pocos metros del anterior. Entre abril y mayo de 2014 estuvo abierto sin licencia, y una vez concedida se presentaron hasta seis denuncias por ruidos. Tampoco se inició ninguna actuación. Como en los casos anteriores, resolverán los tribunales.

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