El juicio por el pub Caramelo será a finales de este mes

J. S. MÉRIDA.

El primero de los tres procedimientos abiertos contra los responsables del Ayuntamiento de Mérida por la gestión de denuncias por ruidos llega a juicio. La Sección Tercera de la Audiencia Provincial tiene previsto acoger los días 21 y 22 de enero la vista por el pub Caramelo. La exconcejala Raquel Bravo y un técnico municipal se exponen a dos años de prisión y nueve de inhabilitación por un presunto delito de prevaricación medioambiental.

En este caso, los vecinos presentaron denuncias por la actividad del local prácticamente desde que abrió sus puertas en el año 2008 en la zona de Los Bodegones. En mayo de 2009 se aprobó la Ordenanza municipal de protección frente a la contaminación acústica, que concede las competencias en materia de expedientes por ruidos a la Delegación de Medio Ambiente.

La Fiscalía considera que hasta junio de 2011 el Ayuntamiento realizó diversas actuaciones contra el local. Pero tras la victoria del PP en las municipales de ese año esa labor se paralizó a pesar de que sólo en 2012 se presentaron cien denuncias. Por ese motivo, acusa a la delegada de Medio Ambiente en ese momento, Raquel Bravo, y a un técnico municipal de prevaricación por omisión. Al tratarse de ruidos y por tanto de un perjuicio para la salud, aprecia prevaricación medioambiental, lo que implica penas de prisión.

La acusación pública estima que la primera actuación de los acusados en relación con la contaminación acústica del local llegó en noviembre de 2012, cuando se nombró a un técnico responsable del impulso administrativo de las denuncias que existieran por ruidos. Fue un día después de que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Mérida pidiese información en su investigación por la falta de tramitación de las denuncias. El propio tribunal fue el encargado de dictar la orden de clausura temporal del Caramelo en 2013.