Las inspecciones de la Junta logran retirar 51 pisos turísticos ilegales en Mérida

De ese medio centenar de alojamientos detectados como ilegales, un total de 23 realizaron después la declaración responsable de inicio o modificación de actividad turística y pasaron a ejercer la actividad legalmente con la categoría de apartamentos turísticos. Es precisamente ese documento de responsabilidad el que reconoce a los establecimientos el derecho o la facultad para ejercer de la actividad turística de alojamiento extrahotelero. Una vez recibido dicho documento, la Administración les inscribió en el Registro de Empresas y Actividades Turísticas.

El resto, 28 propietarios de pisos turísticos ilegales, se comprometieron por escrito ante la Dirección General de Turismo a abandonar la actividad ilícita y retiraron los anuncios de sus pisos en las plataformas de comercialización, hecho que los servicios de inspección supervisan de forma regular.

Asimismo, en la actualidad están abiertos otros 21 expedientes sancionadores a propietarios por publicitarse y ejercer la actividad turística ilegalmente, según los datos aportados por la Consejería de Economía e Infraestructuras. Estos casos se enfrentan a posibles sanciones que van desde los 600 a los 60.000 euros.

La lucha contra los establecimientos que actúan en clandestinidad es uno de los principales objetivos del plan de inspección de la Junta en materia de turismo para los años 2018 y 2019. Con ello se trata de intensificar el trabajo por parte de la Dirección General de Turismo a la hora de detectar establecimientos que no se ajusten a la normativa.

La actuación inspectora consiste en verificar el cumplimiento de todas las obligaciones impuestas por ley, desde haber presentado la declaración responsable hasta la exposición de carteles de publicidad o de correcta señalización.

Las visitas de inspección se realizan a los establecimientos de todo tipo, como hoteles, hostales, apartamentos, albergues, pensiones o campings, así como restaurantes, cafeterías o bares y dan lugar al levantamiento de la correspondiente acta. Además de la constatación de hechos legales y la detección de los que no lo son, la labor inspectora que se realiza in situ en los establecimientos implica la realización de funciones de asesoramiento para cumplir la normativa.

Al mismo tiempo, el plan de la Junta quiere aportar una seguridad jurídica, que redunde en la protección de los derechos de los empresarios del turismo y de los usuarios, tanto de establecimientos como de las actividades.

En este sentido, el director general de Turismo, Francisco Martín, recuerda que «la prioridad de la Junta es defender a los empresarios legales que crean riqueza y empleo, dan seguridad a los viajeros y defienden un modelo turístico de calidad».

El Ejecutivo regional destaca además el compromiso y la buena colaboración del Ayuntamiento de Mérida en la lucha contra los alojamientos ilegales. A este respecto, recuerda que desde la nueva Ley de Turismo, aprobada este verano, también es responsabilidad de los ayuntamientos luchar contra la actividad turística ilegal.