El Gobierno local acuerda reclamar indemnizaciones a dos ediles del PP

REDACCIÓN MÉRIDA.

El Gobierno local toma nuevas medidas tras la sentencia que absuelve de prevaricación y malversación al concejal popular Daniel Serrano por enviar al desguace un coche municipal. La Junta de Gobierno acordó ayer iniciar dos procedimientos para resarcir el daño patrimonial que, en su opinión, han causado al Ayuntamiento dos ediles del PP que tuvieron responsabilidades en la pasada legislatura.

La delegada del Gabinete Jurídico, Laura Guerrero, anunció que el Consistorio va a iniciar una acción de repetición contra los populares Juan Carlos Perdigón y Daniel Serrano por el permiso que dieron a una empresa de la ciudad para realizar labores de mantenimiento de campos de fútbol «una vez terminado el contrato sin posibilidad de prórroga».

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Según dijo, se dará trámite de audiencia a ambos concejales «para que expliquen por qué permitieron y pidieron que se realizaran esos servicios sin tener contrato en vigor; por qué eligieron a ese empresario y no a otro».

La empresa Iniciativas Vesmasa fue la encargada de este contrato hasta el 31 de diciembre de 2014. Sin embargo, continuó prestando sus servicios hasta el 22 de mayo de 2015. El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura ha confirmado la condena al Ayuntamiento para que abone una factura de 92.000 euros por esas labores.

Junto a esto, se acordó iniciar otra acción contra Serrano por el citado caso del coche municipal, ya que la sentencia que le absuelve considera probado que ordenó dar de bajar el vehículo. Guerrero recalca que lo hizo «sin ningún tipo de expediente administrativo previo, un expediente de desafectación del vehículo que era necesario y preceptivo». Por ese motivo, reclamarán al edil popular los 2.000 euros en los que ha sido tasado pericialmente el vehículo.

 

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