La Fiscalía pide cárcel por un tercer caso de ruidos contra el Ayuntamiento de Mérida

Establecimiento llamado Indiependent, antes sala Faralaes, situado en la calle Atarazanas. :: BRÍGIDO/
Establecimiento llamado Indiependent, antes sala Faralaes, situado en la calle Atarazanas. :: BRÍGIDO

La exconcejala Raquel Bravo y tres técnicos municipales se enfrentan a una solicitud de cuatro años de prisión y 18 de inhabilitación

Juan Soriano
JUAN SORIANO

La Fiscalía de Mérida solicita cuatro años de prisión para la exconcejala Raquel Bravo y tres técnicos municipales por la gestión de denuncias por ruidos contra los locales Faralaes (hoy Indiependent) y La Voz, situados en las calles Graciano y Atarazanas.

Se trata del tercer procedimiento por ruido en el que la acusación pública pide penas de cárcel, después del iniciado por las quejas vecinales contra el pub Caramelo, en Los Bodegones, y el referido a Marca Sport y Metabar, en la calle San Salvador. Por el primero pide dos años de prisión y por el segundo cuatro años. Bravo y un técnico municipal están encausados en los tres litigios, mientras que otros dos trabajadores están incluidos en dos de ellos.

Como en los otros procedimientos, la Fiscalía aprecia delitos continuados de prevaricación medioambiental, relacionados con la inactividad ante denuncias por ruidos. Pide penas de dos años de prisión y nueve de inhabilitación por cada local, así como 9.000 euros de multa. De forma subsidiaria, si sólo se apreciasen dos delitos de prevaricación administrativa reclama para cada uno de los cuatro acusados 18 años de inhabilitación.

El procedimiento afecta a las denuncias contra los locales La Voz y Faralaes-Indiependent

La acusación pública se dirige contra Raquel Bravo, delegada de Medio Ambiente en la pasada legislatura y por tanto considerada responsable de las funciones inspectoras, coordinadoras y ejecutivas. Junto a ella, se incluye a tres técnicos municipales con distintas responsabilidades en el área de Urbanismo y Medio Ambiente.

Respecto a la sala Faralaes, posteriormente llamada Indiependent, la Fiscalía recoge que estuvo abierto entre enero de 2013 y mayo de 2014 sin la necesaria licencia municipal para un local habilitado para actuaciones en directo. Pese a las denuncias de los vecinos por ruidos y la celebración de conciertos publicitados en redes sociales, el Ayuntamiento de Mérida no intervino para regularizar la situación. De hecho, señala que los únicos expedientes sancionadores son posteriores a la concesión de la licencia.

La acusación pública reseña que la empresa promotora del establecimiento no solicitó el inicio de la actividad hasta agosto de 2013. El Consistorio pidió entonces informes y certificados que avalaran la insonorización del local y la limitación de ruido, para lo que se concedió un plazo de diez días. Sin embargo, la documentación no se entregó hasta octubre. Además, incluía un informe técnico del año 2002 sobre cumplimiento de la normativa autonómica, por lo que se reclamó una actualización.

En enero de 2014 uno de los técnicos encausados pidió a la empresa un ensayo de ruidos y advirtió de que si no se aportaba en quince días se archivaría el expediente de solicitud de licencia. Sin embargo, a finales de febrero otorgó otro plazo de diez días. Finalmente, y a pesar de que no se habían realizado mediciones en las viviendas ni se había aportado el estudio sonométrico, la Delegación de Medio Ambiente concedió permiso de apertura como sala de fiesta, discoteca o local con música en directo.

Ya con la licencia concedida, a finales de 2014 se inicia un expediente sancionador por la instalación de un escenario en el interior del local. Se concluyó que era una obra sin licencia pero legalizable, lo que suponía una infracción leve. Sin embargo, el procedimiento no continuó.

El 13 de noviembre de ese año el empresario de la sala denunció el robo del limitador de sonido. Uno de los técnicos encausados le advirtió una semana después de que no podría utilizar los equipos de música (escrito que fue recibido el día 25), pese a lo cual el local mantuvo su actividad sin limitador hasta el 27 de noviembre. La Policía Local trasladó a Medio Ambiente las llamadas de quejas de una vecina y constató la veracidad de los hechos denunciados. Pese a ello, no se abrió expediente sancionador. Sólo consta una petición a la empresa para que aportase un informe técnico.

Karaoke La Voz

En cuanto al segundo local que forma parte del procedimiento, el karaoke La Voz (ya sin actividad), la Fiscalía apunta que entre el 1 de abril y el 28 de mayo de 2014 estuvo abierto pese a no tener licencia y ante las denuncias de los vecinos, que también estaban afectados por la sala Faralaes. Sin embargo, no se abrió ningún expediente sancionador.

Una vez concedida la licencia, entre octubre y noviembre de 2014 se presentaron hasta seis denuncias por ruidos. A pesar de que la Policía Local tramitó estas quejas, Medio Ambiente no abrió ningún expediente informativo o sancionador ni transmitió a la Jefatura ninguna orden de actuación.

Como en el caso anterior, la acusación pública sostiene que los acusados, cada uno dentro de sus funciones y responsabilidades, ni dieron trámite a las denuncias ni llevaron a cabo ninguna función inspectora, coordinadora o supervisora para proteger el medio ambiente y la salud de los vecinos.

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