El Ayuntamiento de Mérida pide un año de prisión para un exconcejal del PP

Juan Soriano
JUAN SORIANO

El Ayuntamiento de Mérida, gobernado por el PSOE, solicita una condena de un año de prisión por un delito de simulación contractual para el exconcejal del PP Francisco Miranda, así como para un empresario que resultó adjudicatario de una obra municipal. También pide para el exdelegado de Obras nueve años de inhabilitación por un delito de prevaricación administrativa y una indemnización de 27.100 euros para el Consistorio, de la que deberían responder de forma solidaria los dos acusados. El juicio está señalado para hoy en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial, en Mérida.

El Consistorio emeritense convocó en 2014 un concurso para acondicionar el tramo urbano de las carreteras EX-209 y EX-307. La empresa que resultó adjudicataria hizo una oferta calificada como temeraria. Según el Gobierno local, se debe a que acordó con Miranda que el Ayuntamiento le ofrecería áridos para la obra sin coste. Para dar cobertura al suministro, se elaboró un convenio por el cual se obtendría el material de la finca municipal de Royanejos para beneficiar a una entidad que tenía una concesión en el recinto. Este acuerdo, que no pasó por Junta de Gobierno, permitió además una extracción que no estaba autorizada.

Nueve años de prisión

La Fiscalía solicita la absolución para los acusados. Sin embargo, la acusación particular, ejercida por la compañía que obtuvo el segundo lugar en el concurso, reclama nueve años de prisión para Miranda y diez para el empresario que ganó el contrato.

En concreto, afirma que el exconcejal cometió un delito de prevaricación en concurso con malversación y otro contra la ordenación del territorio. En el empresario aprecia delitos de alteración de precios en concurso, malversación y contra la ordenación del territorio. También pide 16.300 euros de indemnización.

 

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