Absuelta la exconcejala emeritense Raquel Bravo de ignorar denuncias por ruidos

La exdelegada de Medio Ambiente de Mérida, Raquel Bravo, durante su declaración./HOY
La exdelegada de Medio Ambiente de Mérida, Raquel Bravo, durante su declaración. / HOY

La Audiencia Provincial considera que no se ha probado que ni ella ni el funcionario T. M. tuvieran conocimiento de los escritos vecinales

Juan Soriano
JUAN SORIANO

La Audiencia Provincial de Badajoz ha absuelto a la exconcejala del PP de Mérida Raquel Bravo y al funcionario municipal T. M. de un delito continuado de prevaricación por ignorar denuncias por ruido. Ambos se exponían a una condena de dos años de prisión y nueve de inhabilitación, como solicitaba la Fiscalía.

El juicio se celebró en enero. El fallo, que puede ser recurrido ante el Supremo, tiene incidencia en otros dos procedimientos abiertos por motivos similares, en los que Bravo y T. M. también figuran como procesados junto a otros dos trabajadores municipales. En cada uno de estos casos, centrados en la gestión de expedientes abiertos contra locales por denuncias por ruido, la Fiscalía solicita cuatro años de prisión y 18 de inhabilitación para cada acusado.

Más información

La Sección Tercera de la Audiencia, con sede en Mérida, considera como hechos probados que el Consistorio emeritense no tramitó las denuncias presentadas por los vecinos del pub Caramelo. Solo en 2012 registraron cien.

Sin embargo, considera que no ha quedado acreditado que estas denuncias fueran remitidas a la Delegación de Medio Ambiente, que tenía las competencias en materia de ruido y que era responsabilidad de Raquel Bravo desde que el PP ganara las elecciones en 2011 por delegación del alcalde, Pedro Acedo.

En su lugar, estima probado que las denuncias fueron remitidas por la Policía Local a la Delegación de Seguridad Ciudadana.

Los vecinos, ante la falta de respuesta, acudieron a la Guardia Civil, que en un informe señaló que las viviendas sufrían niveles de ruido por encima de lo permitido. Esto dio lugar a la incoación de diligencias por parte del Juzgado dePrimera Instancia eInstrucción número 2 de Mérida, que acordó la clausura temporal del local.

La Audiencia añade que no se ha probado que Medio Ambiente recibiera ni las denuncias ni este informe, como apuntó su abogado, Pedro Ródenas. Ni tampoco que Bravo tuviera conocimiento de un informe de la secretaria municipal que le asignaba las competencias en materia de ruidos. Y aunque considera que no es casual que la primera actuación de la concejala se produjera un día después de recibir un oficio del juzgado preguntando por los expedientes abiertos por las quejas vecinales, eso no implica que la delegada tuviera conocimiento de las denuncias y que no quisiera tramitarlas. Por todo ello, estima que no puede ser condenada.

La sentencia califica de lamentable «la inactividad del Ayuntamiento de Mérida»

Como no queda acreditado que las denuncias llegaran a Medio Ambiente, tampoco se puede condenar a T. M., que en el momento de los hechos era jefe de sección de gestión administrativa de la delegación.

En su caso, además, la sentencia asevera que no era responsable de la concejalía junto a Bravo y que no se ha demostrado que le encomendaran la tramitación de expedientes sancionadores en materia de ruido. En 2011 se desmanteló la unidad de gestión de Medio Ambiente dedicada a expedientes por ruido, pero T. M. no asumió las competencias del que había sido su jefe de servicio.

Tal como recoge la sentencia, «ha quedado acreditado que este acusado no recibió nombramiento ni designación alguna ni como instructor, ni como tramitador de expedientes que debieran incoarse en materia de ruidos y contaminación acústica, por lo que no teniendo ninguna obligación legal de actuar al respecto no procede sino su absolución». De este modo, acepta los argumentos del abogado defensor, Juan María Expósito.

Crítica al Ayuntamiento

Aunque la Audiencia Provincial considera que no hay pruebas suficientes para condenar a los acusados, añade que «ciertamente es lamentable la inactividad del Ayuntamiento de Mérida ante las denuncias de los vecinos, denuncias que cayeron en saco roto hasta que intervino un juzgado de instrucción».

«Es lamentable la falta de organización y control en el mismo, sin sello de entrada de oficios y denuncias, elaborándose informes cuya notificación no consta a los interesados, donde quien entiende no es competente no remite formalmente esas denuncias a quien entiende lo es, donde quien lo es no se preocupa de por qué no le llegan esas denuncias», afirma.

Asimismo, la Audiencia Provincial critica que el Gobierno local del PP desmantelara en 2011 la unidad administrativa formada por un jefe de servicio, un asesor jurídico, otro asesor o técnico y un jefe de negociado como apoyo administrativo. Este equipo se encargaba del control y sanción «de un problema tan grave y que tanto afecta a los ciudadanos como es el ruido, y que ya se indicaba insuficiente con dicho personal».

 

Fotos

Vídeos