El Consistorio afronta dos procesos judiciales por no actuar contra ruidos

Local de la calle San Salvador denunciado por los vecinos. :: brígido/
Local de la calle San Salvador denunciado por los vecinos. :: brígido

En uno de los casos ha sido acusado por la concejala delegada de Urbanismo y Medio Ambiente, Raquel Bravo

JUAN SORIANO

El Ayuntamiento de Mérida se enfrenta a dos procedimientos judiciales en los que se investiga su actuación en la gestión de denuncias por ruidos. En ambos casos se aprecia un posible delito de prevaricación administrativa por no actuar ante las quejas de los vecinos.

Ambos procedimientos tienen su origen en denuncias por ruidos contra establecimientos de hostelería y ocio nocturno, pero la implicación del Consistorio emeritense llega por vías diferentes.

En el caso del pub Caramelo, situado en Los Bodegones, se llegó a decretar el cierre cautelar del local. El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 renueva cada mes esa medida a la espera de que se solucionen los problemas de emisiones, en lo que ya trabajan los responsables del establecimiento.

Además de las denuncias por ruido, la Fiscalía solicitó que se dedujera testimonio por la tramitación de los expedientes administrativos, con lo que se ha abierto una nueva investigación por la gestión del Consistorio. Según ha podido saber HOY, el juzgado ya ha tomado declaración a varios responsables municipales.

El segundo procedimiento se puso en marcha por la actividad del local Marca Sports, en la calle San Salvador. Dos vecinos han presentado más de una quincena de denuncias contra el establecimiento, ya sin actividad. La primera tuvo lugar antes de que abriera, a mediados de 2012, ante la duda de que tuviera licencia.

Al contrario que en el caso del Caramelo, en este expediente no se ha producido ningún movimiento. Los denunciantes afirman que no se realizaron mediciones de ruidos ni inspecciones de los servicios municipales o la Policía Local.

Ante la inactividad del Ayuntamiento, un vecino decidió denunciar directamente por prevaricación administrativa a la concejala de Urbanismo y Medio Ambiente, Raquel Bravo, quien tiene las competencias en la materia por delegación del alcalde. Ya ha prestado declaración ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2. Para finales de este mes y comienzos de mayo se ha citado a media docena de funcionarios municipales para conocer la gestión del expediente.

También en Atarazanas

Además de estos dos procedimientos hay un tercer caso en marcha. Por ahora no se dirige contra el Consistorio emeritense, aunque está aún en una fase inicial. Se trata de una denuncia de dos vecinos contra un local de la calle Atarazanas.

Las primeras quejas se remontan al año 2006 y están vinculadas a otro local vecino pero que tiene acceso por la calle Graciano. Desde entonces se han presentado numerosas denuncias contra ambos establecimientos, que han cambiado de nombre en varias ocasiones.

La última denuncia contra el local de la calle Atarazanas, de finales del pasado año, se ha visto refrendada por tres mediciones de ruidos que han corroborado niveles excesivos de emisiones, lo que llevó al Ayuntamiento a decretar el cierre cautelar. Sin embargo, los propietarios recurrieron porque no queda acreditado que los ruidos procedan del establecimiento, por lo que el juzgado levantó la suspensión.

Ahora se está a la espera de una nueva medición del Seprona de la Guardia Civil. Pero los denunciantes no sólo critican al local, sino también al Ayuntamiento, que concedió la licencia de apertura a pesar de que no se llegó a realizar un estudio de emisiones adaptado a la normativa en vigor, tal como había exigido un informe municipal. El Consistorio alegó que los propios vecinos impidieron las mediciones, pero los afectados afirman que sólo pidieron que pudiera asistir un técnico de otra empresa. Finalmente la licencia se otorgó y el local pudo abrir sin que adaptara sus instalaciones.