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Jueves, 28 de julio 2022, 14:11
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En apenas veinticuatro horas el Gobierno de Volodímir Zelenski ha reorganizado su cúpula fiscal, una pieza clave de su organigrama, herida desde que la semana pasada el presidente destituyera a la anterior fiscal general, Irina Venediktova, por el supuesto colaboracionismo con Rusia de decenas de empleados de su departamento. Al nombramiento de su sucesor, Andriy Kostin, aprobado por el Parlamento este miércoles, se une ahora el del nuevo responsable de la Oficina Especializada Anticorrupción, Oleksander Klimenko, según ha informado esta mañana el jefe del gabinete presidencial, Andriy Yermak. Los dos cargos son esenciales en medio del conflicto bélico para impulsar la investigación de los crímenes de guerra. Además, la elección de Yermak resulta fundamental para cumplir las exigencias de transparencia y de lucha contra la corrupción impuestas por la Unión Europea para proseguir el proceso de adhesión de Kiev al espacio comunitario y la entrega de cientos de millones de euros en ayudas.
«Kostin ha aprobado el nombramiento (de Klimenko) inmediatamente después de acceder él mismo al cargo de fiscal general», ha señalado Yermak, antes de asegurar que la elección se ha producido en una votación «justa» por una mayoría de diputados. El asesor de Zelenski reconoce que la Fiscalía tiene una «gran misión por delante» consistente en «llevar a los criminales rusos ante la Justicia». Una investigación que lideraba Irina Venediktova hasta su sorpresiva destitución. A sus 43 años, la ex fiscal general fue la primera mujer en ocupar este cargo en marzo de 2020. Concentrada en desentrañar delitos de corrupción, la invasión rusa cambió en febrero las prioridades de su oficina, pasando a liderar la documentación de crimenes de guerra. Venediktova se había hecho popular por recorrer pueblo a pueblo todas las zonas de conflicto de Ucrania en busca de testimonios e indicios con los que probar judicialmente los atentados a los derechos humanos de los militares rusos. La jurista y profesora de Derecho reunió unos 15.000 casos entre asesinatos, violaciones, saqueos y torturas y a finales de mayo anunció que su departamento había identificado al menos a 80 criminales de guerra.
Irina Venediktova fue expulsada fulminantemente de su puesto junto al jefe de los servicios de Inteligencia (SBU), Ivan Bakanov, en un proceso que el propio Zelenski calificó de «autodepuración» para combatir aparentemente la infiltración de «traidores» en su gabinete. El presidente aseguró que ambos habían hecho un «desempeño inadecuado de sus deberes con el consiguiente coste de vidas humanas» al no haberse percatado de que más de 60 empleados de sus oficinas «trabajaron contra nuestro Estado» desde los territorios invadidos por Rusia. Según Zelenski, miembros de las fuerzas de seguridad locales mantuvieron relación también con el servicio de espionaje del Kremlin
El nuevo fiscal general, Andriy Kostin, estudió Derecho en la Universidad de Odesa, una de las ciudades más castigadas por la artillería rusa. Tras graduarse en 1995, trabajó como abogado para varios despachos. Políticamente ha ejercido como diputado del partido gobernante, Siervo del Pueblo, desde 2019. Aunque en su día se presentó como candidato para dirigir la Fiscalía Anticorrupción, su nominación quedó descartada, entre otros motivos, por el incumplimiento del principio de neutralidad política que exige el cargo al pertenecer al partido gubernamental.
Por su parte, Oleksandr Klymenko llega a esta Fiscalía después de una larga carrera como detective anticorrupción. Ha investigado casos muy conocidos en el ámbito europeo, como el del expolítico del Partido de las Regiones Oleksandr Onishchenko, quien en 2016 abandonó Ucrania tras ser acusado de corrupción y lavado de dinero, o el de Roman Nasirov, jefe del Servicio Fiscal del Estado detenido bajo una imputación por malversación de fondos en 2017. La designación del nuevo fiscal anticorrupción tranquiliza a Volodímir Zelenski: las presiones en torno a un puesto tan complejo como blanco de intereses habían dilatado la carrera en exceso, hasta el extremo de la UE, Estados Unidos y el G-7 trasladaron el año pasado al presidente ucraniano su malestar por el retraso en el nombramiento.
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