El Supremo examina las alegaciones sobre el cierre del Parlamento británico

Manifestantes antibrexit./REUTERS
Manifestantes antibrexit. / REUTERS

El Gobierno de Boris Johnson acatará un fallo que considere «ilegal» su decisión, pero se niega a aclarar si contempla una nueva suspensión

IÑIGO GURRUCHAGACorresponsal en Londres

Boris Johnson acatará la declaración de ilegalidad de la suspensión del Parlamento por el Tribunal Supremo si esta se produce, pero el abogado del Gobierno en la causa, lord Keen, se ha negado a confirmar qué hará después y ha rehusado responder cuando dos jueces le han preguntado si podría decidir una nueva supensión. Keen puntualizará este miércoles sus palabras a petición de los magistrados.

El Supremo oirá hasta mañana los argumentos de los abogados del Gobierno y de los solicitantes de la anulación, que incluyen a más de setenta diputados, al ex primer ministro John Major y al Gobierno autonómico de Escocia. Es un plenario de once jueces que, en palabras de su presidenta, lady Hale, decidirán el caso como su juramento les ordena, «sin miedo ni favor, sin afecto ni animadversión».

LA CLAVE

La cuestión a resolver.
Se debate si la suspensión ha constituido un abuso de poder o el ejercicio de una prerrogativa del Ejecutivo

El Supremo tiene que casar las decisiones contradictorias del máximo tribunal de apelación en Escocia, que falló que la suspensión es ilegal porque el Gobierno habría mentido sobre su motivación real y alterado los principios constitucionales de la buena gobernación, y del Tribunal Superior de Inglaterra y Gales, que consideró que no es un acto que pueda juzgar porque pertenece a la política.

Keen recordó que los tres jueces escoceses concluyen que la suspensión es «ilegal, nula y sin efecto». El abogado y político conservador acepta que el tribunal de Edimburgo declare ilegal la suspensión, pero cree que se entromete en los procedimientos del Parlamento al declarar también su nulidad o que la suspensión queda sin efecto por su decisión.

El corazón argumental del caso es la diferencia de opinión de las dos partes sobre la separación de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. Están de acuerdo en que los tribunales pueden revisar una decisión tomada por el Gobierno en el uso de sus prerrogativas, dependiendo del «asunto material», y en que no existen diferencias entre la ley escocesa e inglesa sobre el ejercicio gubernamental de sus prerrogativas.

David Pannick, abogado que representa a la rica activista Gina Miller, es también miembro de la Cámara de los Lores, donde se sienta en la bancada de los independientes. Su argumento se avala en la opinión de los jueces escoceses para afirmar que «el primer ministro no puede tener la facultad de traicionar los poderes que tiene». El objetivo no habría sido el declarado, presentar un programa legislativo en la fecha de la reapertura, el 14 de octubre, sino reducir el papel constitucional del Parlamento como «órgano superior» al Ejecutivo para librarse del obstáculo de una Cámara en la que el Gobierno no tiene mayoría para su gestión del 'brexit'. El caso afecta, según el abogado, «a principios legales».

Juramento

Pannick detecta un «fuerte indicio» en que Johnson haya rehusado la petición de los solicitantes de que enviase a los tribunales una declaración jurada, que podría obligarle a presentarse ante la corte para ser interrogado por jueces y partes, y a correr el riesgo de ser acusado del delito de 'desprecio a la justicia', si se sospecha que ha expresado una falsedad.

Keen recordó casos de la primera mitad del siglo XX -Pannick los considera irrelevantes por ser anteriores al desarrollo contemporáneo de las revisiones judiciales de actos del Gobierno- en los que los motivos de suspensiones del Parlamento fueron políticos: en 1914, por que la guerra «era un tiempo de acción y no de discursos»; en la Gran Depresión de 1930, cuando el Gobierno no tenía mayoría; en 1948 hubo una sucesión de suspensiones breves para forzar una ley que reducía el poder de la Cámara de los Lores.

El abogado del Gobierno extrajo de la sentencia de los jueces escoceses fragmentos para ilustrar su «intromisión en los poderes del Parlamento». ¿Qué instrumentos legales, qué baremos, tiene un tribunal para medir la 'buena gobernación' que menciona uno de los magistrados, o la conducta «atroz» del Ejecutivo, alegada por otro?, se preguntó.

No se pueden juzgar «propósitos políticos», según Keen, que recordó que la suspensión añade solo siete días de inactividad al habitual receso parlamentario por las conferencias de los partidos, en los que los diputados pueden reunirse en comités o hacer preguntas al Gobierno. Y en los primeros días de septiembre el Parlamento no tomó la iniciativa de introducir una ley que impidiera la disolución.

Keen es abogado general para Escocia, el asesor del Gobierno sobre cuestiones legales escocesas, y cabe pensar que le aconsejó que no enviase una declaración jurada. Señaló que entre los documentos que entregó al Tribunal de Edimburgo se incluye el de una asesora que minuciosamente argumenta en favor de la suspensión y de ese calendario, y de la necesidad de un nuevo programa legislativo.