Portugal moviliza a los militares para asegurar el combustible por el paro de los transportistas

La intervención del paro se realizará a través de la llamada «requisición civil», un instrumento límite para el Ejecutivo, que le permite obligar legalmente a trabajar a los huelguistas que sean necesarios para garantizar servicios básicos, con incluso penas de cárcel si se niegan.

La medida permite además movilizar a miembros de las Fuerzas Armadas.

El primer ministro de Portugal, el socialista António Costa, ya había anunciado horas antes que se habían movilizado agentes de policía y de la Guardia Nacional Republicana -cuerpo se seguridad de naturaleza militar- para transportar combustible.

En declaraciones a la prensa tras reunirse con el presidente de Portugal, el conservador Marcelo Rebelo de Sousa, Costa explicó que observaron «una nueva realidad» durante la tarde local, en la que dejaron de cumplirse abastecimientos esenciales.

La posibilidad de intervenir la huelga ha rondado desde el principio de la jornada, cuando el portavoz de los transportistas, Pedro Pardal Henriques, prometía el incumplimiento de los servicios mínimos, la línea roja que, sabía, desencadenaría la intervención.

Esta promesa, hecha por el «sabotaje» que denunciaron haber sufrido en los primeros repartos del día, fue rápidamente recogida por la patronal del sector, Antram, que ha solicitado con carácter «urgente» la intervención legal por parte del Gobierno.

La huelga deja ya más de 500 gasolineras del país desabastecidas, lo que supone un 17 % de la red nacional.

Las previsiones se han confirmado y los mayores problemas se concentran en la turística región del Algarve (sur del país) y a lo largo del litoral portugués, con mayor afluencia en agosto por ser periodo vacacional.

Al margen de estos incidentes, la situación es de normalidad en gran medida por los elevados servicios mínimos fijados por el Gobierno, de entre el 50 y el 100 %.

Deseoso de evitar el caos que vivió Portugal durante la anterior huelga de transportistas el pasado abril, cuando los aviones tuvieron que repostar en España y arreciaron las críticas por falta de previsión, el primer ministro ha desplegado una prudencia que pretende subrayar su control a apenas dos meses de las elecciones.

Así se ha interpretado que haya fijado servicios mínimos del 100 % para aeropuertos, puertos, servicios de seguridad, bomberos y emergencias médicas, de 75 % para el transporte público y del 50 % para el suministro de combustible a los particulares.

Unas cifras que han evitado que se trastoque la vida de los ciudadanos, más proclives ya al hartazgo que a la preocupación, después de esperar durante más de quince días una huelga que ha centrado la agenda informativa del verano en el país.

La huelga de los transportistas se convocó en protesta por el incumplimiento que denuncian ha ejercido la patronal del sector del acuerdo firmado hace cuatro meses para incrementar los salarios de los trabajadores.

Su protesta es por tiempo indefinido, por lo que, si no es desconvocada, la situación de emergencia energética que rige en Portugal se extenderá al menos hasta el 21 de agosto, según decretó el Ejecutivo.