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Boris Johnson, primer ministro británico. Afp
Comunitarios de Reino Unido desconfían de Johnson

Comunitarios de Reino Unido desconfían de Johnson

El proyecto de ley de Retirada de la UE regula un sistema de solicitud de residencia dictado por políticos hostiles al inmigrante

Íñigo Gurruchaga

Londres

Domingo, 12 de enero 2020, 20:55

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«Nuestra legislatura observa con desconfianza permisos de residencia, documentos de identidad, registros de viviendas y todos los demás obstáculos que los estados continentales interponen en la senda del inmigrante», escribió en 'The Times', en 2017, el filósofo conservador Roger Scruton, fallecido ayer. «Eso significa que, cuando firmamos la libertad de movimiento, no tenemos otro camino que permitirla como lo hacemos para cualquier otro súbdito de la corona».

Escribía sobre la oportunidad que ofrecería el 'brexit' para «restaurar un sentido genuino de patriotismo», que, según Scruton, es compatible con un sentimiento de 'quasi patriotismo' por otros países. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, podría servir como ejemplo. «El tiempo que pasé aquí abrió mis ojos», dijo el miércoles en la London School of Economics, donde estudió un año cuando era joven.

«Conocí una sociedad amable, vibrante, colorista, multicultural como nunca había visto. Vi a gente diversa juntarse para disfrutar de la vida, respirando libertad... y me enamoré de esta ciudad y de este país», añadió. «Un país de convicciones fuertes, mente abierta, gran corazón, orgulloso y patriótico, sensible y generoso de espíritu, repleto de tradiciones y también de contradicciones, con un sentido del humor que me costó entender pero que ahondó mi fascinación y admiración».

Von der Leyen fue más tarde a Downing Street para intercambiar las ideas iniciales sobre la futura relación entre la Unión Europea y Reino Unido con el primer ministro, Boris Johnson, que emuló al Basil de Fawlty Towers, dueño de hotel encarnado por el humorista John Cleese, incapaz de recibir a huéspedes alemanes sin mencionar a Hitler. Johnson se cuadró en un saludo militar cuando Von der Leyen entraba en su residencia.

El pleno de la Cámara de los Comunes había debatido la víspera las enmiendas de la oposición al apartado 2 del proyecto de ley de Retirada de la UE, que traduce a la legislación británica el Acuerdo de Retirada pactado por el Gobierno británico con el Consejo Europeo en octubre. El proyecto se convertirá en ley la tercera semana de enero y el apartado 2 regulará aspectos de la introducción de un estatus de asentado para los ciudadanos comunitarios.

Decenas de miles

Maike Bohn, cofundadora de 'the 3 million', los tres millones, que defiende los derechos de los residentes comunitarios, expone algunos casos que chirrían con la presunción de Scruton. Una mujer crecida en Inglaterra, empleada en Myanmar por una asociación británica de ayuda al desarrollo, no podrá adquirir el estatus de asentada ofrecido a quienes han residido al menos los últimos cinco años en Reino Unido si no renuncia a su trabajo.

Una jubilada que ha vivido gran parte de su vida en suelo británico tramitó su residencia permanente tras el voto del 'brexit', pero no lee periódicos y no sabe que ese permiso no le sirve ahora. Diputados laboristas, independentistas escoceses y liberal-demócratas expusieron en el debate casos diversos de personas vulnerables: ancianos, gente incómoda con la tecnologia de las apps, hijos que no saben que sus padres olvidaron registrarlos al nacer, etcétera.

El problema estaría en el método de registro. Los diputados de la oposicion insistieron, como Bohn, en que el Gobierno debió diseñar un sistema partiendo de que los comunitarios ya tienen derechos de residencia y de acceso a los servicios públicos, pero ha optado por otro, en el que los pierden si no logran demostrar con diversa documentación que pueden seguir residiendo en el país.

Sus derechos no estarán garantizados en una ley sino por regulaciones que un ministro puede cambiar. No recibirán ningún documento sino que habrá un registro digital en el Ministerio de Interior, que en el 'entorno hostil' fomentado por Theresa May deportó a caribeños sin documentos que probasen su residencia legítima durante décadas. La autoridad supervisora del proceso será nombrada por el Gobierno y disuelta cuando lo considere conveniente.

Solicitar el estatus de asentado es sencillo. Más de dos millones y medio de comunitarios ya lo han obtenido por tiempo indefinido o hasta que cumplan el requisito de residencia continua durante cinco años. La oposición señaló que en un proceso de tal magnitud habrá decenas de miles que no saben qué deben hacer o que el plazo expira el 30 de junio de 2021. El director general de Interior, Brandon Lewis, aseguró que no tendrá problema quien alegue un buen motivo para no cumplir el plazo, pero ya afirmó, en una entrevista a un medio alemán, que pueden ser deportados.

«Han dicho que reventamos la sanidad pública, Johnson dijo en la campaña que tratamos este país como si fuera el nuestro, nos han asociado con el terrorismo. En estos tres años el Gobierno no nos ha protegido», afirma Bohn. Es una cuestión de confianza, un atributo que no destaca en la trayectoria de Boris Johnson, quien alentó el 13 de diciembre a iniciar la curación de las divisiones del país pero no aceptó ninguna enmienda de su proyecto de ley.

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