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La ONU certifica que Rusia ha cometido crímenes de guerra en Ucrania

Una comisión de investigación ha documentado bombardeos en zonas civiles, numerosas ejecuciones, torturas, malos tratos y violencia sexual

olatz hernández

Viernes, 23 de septiembre 2022, 12:04

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La matanza de civiles en Bucha, los bombardeos indiscriminados en Járkov, las fosas comunes descubiertas en Izium... Los nombres de estas ciudades ucranianas se han hecho tristemente conocidas por las atrocidades cometidas por el Ejército ruso, actos que fueron este viernes señalados por la Organización de Naciones Unidas (ONU). El organismo, conocido por mantener una actitud prudente, ha llevado a cabo una investigación que concluye que Rusia ha cometido crímenes de guerra en su ofensiva militar contra Ucrania.

La ONU calcula que más de 5.900 personas han muerto desde el inicio de la invasión rusa, el pasado 24 de febrero, y ha enviado una misión de investigación al país para conocer «de primera mano» la situación. El equipo de la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre Ucrania ha visitado 27 localidades de la zona de Kiev, Chernígov, Járkov y Sumi, y ha entrevistado a más de 150 personas.

En esas ciudades, los tres expertos que forman la comisión han confirmado que el descubrimiento de tumbas masivas en Izium es solo la punta del iceberg del «sufrimiento» que la agresión rusa está provocando en la población civil.

Las investigaciones se centraron en el análisis de los ataques rusos más graves, aquellos que pueden ayudar a demostrar patrones de presuntas violaciones de los Derechos Humanos y casos en los que se puede acceder a víctimas y testigos. De este modo, los expertos han concluido que los graves daños en los núcleos urbanos fueron causados por el uso de explosivos por parte de las fuerzas rusas –incluidas bombas de racimo–. «Esto explica que una tercera parte de la población se haya visto obligada a huir», declaró este viernes el responsable de la comisión, Erik Mose, quien comprobó la destrucción de zonas enteras de la ciudad de Járkov.

Palizas y shocks eléctricos

Según el informe, Rusia llevó a cabo la mayoría de sus ataques militares «sin distinguir entre civiles y combatientes». También queda probado que el Ejército de Moscú cometió ejecuciones extrajudiciales en al menos dieciséis ciudades y torturas a detenidos, lo que explicaría la aparición de cadáveres con las manos atadas a la espalda y disparos en la cabeza.

Durante las entrevistas, algunas víctimas contaron que fueron trasladadas a Rusia, donde fueron sometidas a todo tipo de abusos como palizas y shocks eléctricos durante semanas. Aseguraron, además, que algunos de esos detenidos «han desaparecido». Los testimonios apuntan a que las tropas del Kremlin también serían responsables de delitos sexuales sobre víctimas de entre cuatro y 82 años, con casos de «menores que han sido violados, torturados y retenidos ilegalmente».

Los expertos investigan, del mismo modo, dos casos de malos tratos por parte de las fuerzas ucranianas y apelan a la imparcialidad de esta comisión. La cooperación de las partes, sin embargo, ha sido bastante desigual: mientras el equipo de la ONU ha agradecido la ayuda prestada por el Gobierno de Kiev, aseguraron que las autoridades rusas se niegan a «entablar un diálogo».

Represión del Kremlin

El Gobierno ruso también usa la violencia para contener las posturas críticas dentro de sus fronteras. La Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) reveló que la represión en Rusia se ha intensificado desde 2012, solo veinticuatro horas después de las imágenes de las detenciones en las protestas contrarias a la movilización de 300.000 reservistas para enviarlos a luchar a Ucrania.

El Kremlin ha usado el miedo como su principal arma para controlar a la oposición, más aún desde «las protestas masivas de las elecciones parlamentarias y presidenciales», en las que fue reelegido Vladímir Putin, señala el documento de la OSCE. La gran mayoría de las nuevas disposiciones aprobadas en el último año tienen como objetivo controlar a las ONG, activistas, periodistas y defensores de los Derechos Humanos, bajo penas de cárcel. Muchos de ellos se han visto obligados a abandonar el país ante esta situación.

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