Peligra el frágil acuerdo de paz en Colombia

Juan Manuel Santos, Álvaro Uribe y Rodrigo Londoño, 'Timochenko'./
Juan Manuel Santos, Álvaro Uribe y Rodrigo Londoño, 'Timochenko'.

El asesinato de 131 exguerrilleros de las FARC desde su disolución a finales de 2016 siembra de dudas el proceso de reconciliación

DAGOBERTO ESCORCIABogotá

«Los van a matar a todos», se escucha en la calle cada vez que se conoce el asesinato de un exguerrillero de las FARC o de un líder social en Colombia. «Fue un grave error entregar las armas a un Estado tramposo», afirma Luciano Marín Arango, más conocido como 'Iván Márquez', su alias de excombatiente, y hombre que participó en los acuerdos de La Habana donde se pactó la rendición. «Esta paz es irreversible», asegura Juan Manuel Santos, presidente de 2010 a 2018 que recibió el Premio Nobel de la Paz por sellar el pacto con la guerrilla para que se disolvieran y reincorporaran a la vida política y acabar así con un conflicto que duraba 52 años. «El error del presidente Iván Duque fue no hacer inventario de cómo recibió el país», sostiene Álvaro Uribe, exmandatario de 2002 a 2010 y el político más beligerante con las FARC.

Jorge Enrique Corredor González, más conocido por 'William Saavedra', se convirtió el pasado 14 de mayo en el primer jefe de frente de las extintas FARC asesinado desde la firma de la paz. Estaba comprando una tarta para uno de sus cinco hijos, que cumplía años, cuando recibió varios balazos. Saavedra, que también participó en las conversaciones de La Habana, es el muerto número 131 -91 de ellos son excombatientes y 26 son familiares- entre el 24 de noviembre de 2016, en el que se firmó el proceso de paz, y el 14 de mayo. Lideraba el proceso de reinserción de un grupo de 32 personas y había sido amenazado varias veces, pero creía que como estaba comprometido con la causa no iba a ser atacado.

La alarma roja se ha disparado justo cuando Iván Duque está a punto de cumplir el próximo 17 de junio un año de haber sido elegido presidente de Colombia, y un informe de 'The New York Times' ha revelado que altos mandos del Ejército colombiano han ordenado a sus tropas que dupliquen la cantidad de criminales y rebeldes que o bien capturan o matan. Semejante presión estaría poniendo en riesgo a ciudadanos civiles, según el diario neoyorquino. No tardó mucho el Gobierno de Bogotá en salir a desmentir la noticia y pedir al rotativo que mostrara pruebas y fuentes, reacción a la que siguió el descubrimiento de que las Fuerzas Armadas habían empezado a indagar entre sus militares quiénes habían sido las fuentes del periódico.

Acosado por la oposición y por la opinión pública nacional e internacional que advierte del peligro que está corriendo la paz en Colombia, Duque ha tomado una de esas medidas que muchos han calificado de cortina de humo y otros han elogiado por lo que puede suponer de restrictivo para el Ejército. «He decidido conformar una comisión presidencial independiente que haga un análisis riguroso de todas las órdenes, manuales y documentos operativos y que pueda evaluar con profundidad cómo se ajustan a las normas internacionales en materia de derechos humanos y en materia del derecho internacional humanitario», declaró el mandatario.

La sombra de Uribe

En un país en el que la indolencia y la impunidad parecen instaladas, Duque es acusado de seguir las directrices de su gran avalador, Álvaro Uribe. El expresidente, que lideró la campaña del 'no' en el plebiscito para votar por la paz en octubre de 2016, publicó un mensaje en Twitter el viernes pasado en el que hacía una clara referencia al anterior mandatario: «'La paz es irreversible'. Santos. Ojalá supiera lo que dejó: 200.000 hectáreas de coca; 4.000 reincidentes FARC; 4.000 ELN; docenas de cientos Bacrim». Uribe también atacó a 'The New York Times', al que acusó de apoyar la impunidad y el crecimiento del narcotráfico durante el Gobierno de Santos, de ignorar la realidad de los grupos criminales heredados, de desconocer la crisis económica recibida y de ocultar el esfuerzo del Gobierno en favor de los desmovilizados, y de obrar como «sirirí» -coloquialmente en el país, algo que se repite con gran insistencia e incomoda- contra Iván Duque.

Si entre los gobernantes y exgobernantes no hay tregua, el último capítulo del realismo trágico de Colombia se vivió la semana pasada, cuando el senador Rodrigo Londoño, 'Timochenko', exguerrillero y hombre que se ha acogido al proceso de paz, se distanció de 'Iván Márquez' por su declaración en la que se lamentaba de que las FARC hubieran entregado las armas.

Las preguntas que están en boca de los colombianos son quién mata a los desmovilizados y si se van a seguir contando muertos. Algunas teorías aseguran que los asesinatos selectivos obedecen a deudas del pasado bélico, a enfrentamientos por controlar las tierras productoras de coca y también excombatientes que han vuelto a la ilegalidad. Mientras la Fiscalía asegura que de los 13.196 desmovilizados desde la firma del proceso de paz «solo» un 0,95% han resultado asesinados, el Consejo de Seguridad de la ONU avisa de que el homicidio de los exguerrilleros es la principal preocupación en una etapa de reconciliación que no quiere todo el mundo en Colombia.