Vida nueva para la vieja aduana

El pasado 30 de agosto, el alcalde recibió en su despacho a la delegada del Gobierno, Yolanda García Seco, y a responsables de la Guardia Civil, Policía Nacional y Policía Local. Sobre la mesa, un asunto principal: darle vida a la vieja aduana, convirtiéndola en un CCPA (Centro de Cooperación Policial y Aduanera), al estilo del que funciona en Caya, junto a Badajoz. En rigor, de lo que se trata es de recuperar de algún cajón oficial el proyecto concebido en 2009.

El 28 de julio de ese año, la embajada de España en Lisboa, en nombre del Gobierno central, escribió una carta dirigida al Ministerio de Negocios Extranjeros de Portugal. Esa misiva se publicó como nota verbal en el Boletín Oficial del Estado en febrero del año 2012, o sea, dos años y medio más tarde. El texto empieza refiriéndose «a las negociaciones que se desarrollaron entre el ministro de Administración Interna de Portugal y el ministro del Interior de España durante la celebración de la XIV Cumbre Hispano-Portuguesa, que tuvo lugar en Zamora el día 22 de enero de 2009». «En el transcurso de dicha cumbre -sigue-, los mencionados ministros consideraron conveniente la creación, en el más breve plazo posible, de dos nuevos CCPA». En el siguiente párrafo, la embajada propone «un acuerdo entre el reino de España y la República Portuguesa por el que se crean dos nuevos CCPA, en las localidades de Valencia de Alcántara-Marvão y Quintanilla-Alcañices».

Acto seguido se explica que una contestación en sentido positivo por parte lusa tendría la validez de un acuerdo entre los estados para crear los dos centros de colaboración policial hispano-lusos. Y así fue, porque tres días después de la nota verbal de la embajada en Lisboa, llegó la respuesta portuguesa, que expresaba su conformidad con la propuesta española.

Sin embargo, desde entonces hasta hoy no se ha hecho nada visible sobre el terreno. Han pasado más de seis años y la antigua aduana de Valencia de Alcántara sigue sin utilidad. Sí existe el CCPA de la localidad zamorana, pero no el extremeño-alentejano, que hasta el momento se ha quedado en sucesivas declaraciones de intenciones.

En el verano del año 2012 fue el propio Cuerpo Nacional de Policía el que se refirió al asunto. En una nota de prensa del día 22 de junio informaba de la entrevista mantenida entre los directores generales de las policías española -que entonces era Ignacio Cosidó- y lusa, y en su último párrafo adelantaba que el encuentro había servido, entre otras cosas, para «impulsar la puesta en marcha del CCPA de Valencia de Alcántara-Marvão». Destacaba «la utilidad de estos centros y su contribución en la lucha contra la inmigración ilegal, la trata de seres humanos y la criminalidad asociada».

Casi tres años más tarde, en concreto a principios de marzo de 2015, la entonces subdelegada del Gobierno en la provincia de Cáceres, Jerónima Sayagués, se reunió con el alcalde de Valencia de Alcántara, Pablo Carrillo (los dos del Partido Popular), y aseguró que mediaría ante el Gobierno para que rescatara el proyecto del CCPA. Tampoco fructificaron esas gestiones, porque tres años y medio después el antiguo inmueble de la frontera continúa cerrado.

Ahora, el proyecto olvidado vuelve a resucitar. El ayuntamiento de la localidad cacereña se lo ha trasladado a la Delegación del Gobierno, quien ya ha remitido la documentación preceptiva al Ministerio del Interior, que es el dueño del edificio ubicado al pie de la carretera N-521, en el paraje de Puerto Roque. «El edificio necesita algunos arreglos, porque está algo deteriorado, aunque su estructura permanece en buen estado», explica Alberto Piris, alcalde socialista de Valencia de Alcántara. Él, como el resto de los que tienen algo que ver con esta iniciativa olvidada que ahora se intenta rescatara, tiene una aspiración: volver a ver ese edificio lleno de agentes de la Policía Nacional, la Guardia Civil, la GNR (Guardia Nacional Republicana) y la Policía Judiciaria.