La ley o la vida

Salvar vidas en el mar no es solo una obligación legal, es un imperativo moral

Imagen de archivo del Open Arms. /
Imagen de archivo del Open Arms.
ANTONIO CHACÓN FELIPE

EL derecho fundamental primordial, la fuente de todos los demás, es el derecho a la vida, reconocido por la Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU, la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE o la Constitución española. Por tanto, en todo Estado de derecho que se precie, la ley debe ante todo y antes que nada proteger la vida de toda persona y castigar a quien atente contra ella, la maltrate o la ponga en peligro, sean otras personas o instituciones (gubernamentales o no). Mas demasiadas veces la ley es esgrimida por los Estados para matar o dejar morir al que no lo desea. El caso del Open Arms es el penúltimo ejemplo. Italia, Malta y España han hecho dejación de su función vital durante los 19 días que han forzado al barco español a navegar a la deriva con los inmigrantes que rescataron en el Mediterráneo.

Así lo ve el propio fiscal de Agrigento, que enmendando la plana a su xenófobo ministro del Interior, el hiperbólico Matteo Salvini, ordenó el desembarco del Open Arms en Lampedusa. El informe del fiscal, al que ha tenido acceso El Mundo, deja bien claro que el buque estaba obligado a socorrer a los inmigrantes y los tres países implicados a cooperar en el rescate. En el documento se explica que el Open Arms «informó al MRCC (el centro de coordinación de rescate marítimo) de Roma que habría pedido puerto seguro también a Malta y a España». El buque no entró en Malta porque esta pedía formalmente a Italia que Lampedusa fuera el puerto seguro. Asimismo, la ONG asegura que siempre ha mandado copia de todos los correos enviados a Roma al MRCC de Madrid. Por tanto, el Gobierno de Pedro Sánchez siempre tuvo conocimiento de la grave situación del barco. En cambio, tardó 17 días en intervenir.

Para más inri, la vicepresidenta Carmen Calvo ha llegado a advertir al Open Arms que «no tiene permiso para rescatar» y que, por ello, afronta una multa de hasta 901.000 euros. Sin embargo, esa prohibición contraviene el artículo 98 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, suscrita por España, que asegura que «todo Estado exigirá al capitán de un buque que enarbole su pabellón que (...) preste auxilio a toda persona que se encuentre en peligro de desaparecer en el mar». Y añade que todo Estado ribereño, cuando las circunstancias lo exijan, cooperará con los Estados vecinos.

Por ende, España, Malta e Italia no pueden impedir los rescates en el mar ni perseguir a quienes lo hacen, porque están obligados por la legislación internacional, pero, sobre todo, porque salvar y proteger vidas humanas es un imperativo categórico, moral. Y quien cuestione esto o es un cínico o un canalla afortunado o un (pos)fascista. Y sí, la acción del Open Arms y barcos similares no es solo humanitaria, es política, porque es una sonrojante llamada de atención a los gobiernos europeos para que hagan de una vez lo que deben hacer. Y mientras estos no actúen, se necesitarán más Open Arms.