El caso Valdecañas vuelve al TSJEx

Predicciones al margen, la realidad presente es que el caso ha vuelto al TSJ extremeño, que en realidad no se ha desprendido de él en ningún momento porque sobre su mesa sigue habiendo frente abiertos, causas paralelas a la principal, que es la demolición. Es, en presente. Porque la decisión del Supremo no equivale a que mañana vayan a entrar las máquinas al resort de lujo ubicado en El Gordo y Berrocalejo, a noventa en minutos en coche de Madrid (son 168 kilómetros, todos por la autovía A-5 excepto los últimos cinco).

La sentencia conocida el pasado martes recoge en su fallo un asunto capital, que es la orden de echarlo abajo todo, al estimar el recurso de casación que presentó Ecologistas en Acción. Pero no se para ahí, sino que contiene también otras órdenes para la Sala de lo contencioso-administrativo extremeña. Una de ellas es aclarar qué conviene hacer ahora con el denominado 'Plan para proteger el medioambiente y medidas compensatorias'.

Se trata del programa que elaboró la Junta de Extremadura cuando el TSJEx le ordenó derribar lo construido y en uso y revegetar la isla. El Supremo explica ahora que su mandato de no dejar nada en pie «supone la eliminación de la actividad humana derivada de su uso y disfrute, a la que responde fundamentalmente el plan o programa para la protección del medioambiente y medidas compensatorias». El alto tribunal asume que su fallo afecta a ese documento, y le pide al TSJEx que «valore su modificación, adaptación o eliminación».

Trasladar este planteamiento al terreno implica no ejecutar las mejoras relacionadas con el campo de golf, donde se iba a sembrar vegetación correctora, cambiar el sistema de drenaje y aplicar un plan de gestión de riego y uso de fertilizantes. Nada de eso se hará porque el campo de golf desaparecerá. El mismo futuro tienen las medidas relacionadas con la contaminación lumínica y acústica, que dejan de tener sentido al desaparecer la urbanización, ya que sin gente allí no habrá ni luz ni ruido. Lo mismo pasa con la implantación de un sistema de compostaje comunitario o la recogida de residuos puerta a puerta.

¿Pero la decisión del alto tribunal implica también olvidarse de la protección de parcelas con orquídeas, porque el encargo del Supremo es «demoler creando un paisaje similar al protegido», y allí no había orquídeas? ¿Y qué pasa con el centro de interpretación de la ZEPA Embalse de Valdecañas que se preveía construir en Berrocalejo?

Son preguntas a las que deberá responder la sala de lo contencioso-administrativo del TSJ extremeño, que también deberá aclarar qué pasa con las indemnizaciones de 250.000 euros que hace dos años ordenó a la Junta que pagara a cada una de las asociaciones ecologistas denunciantes.

Tanto Adenex como Ecologistas en Acción-CODA rechazaron cobrarlas, porque preferían esperar al dictamen del Supremo. Ahora, esta instancia explica que su orden de demolición total «alterna notablemente los perjuicios a cuya reparación se atiende con las indemnizaciones establecidas, por lo que habrá de valorarse en la instancia (el TSJEx) la procedencia de una revisión y adaptación de dicho pronunciamiento».

A este nuevo escenario hay que sumar otro hecho: el plan de revegetación que ahora debe «modificarse, adaptarse o eliminarse» está ya ejecutado en parte. Ya se ha realizado el estudio para mejorar el drenaje del campo de golf, y también se ha elaborado el plan de gestión del riego y uso de fertilizantes en esta misma instalación deportiva. Son tareas que la Junta de Extremadura encargó a Tragsatec. Habrá que pagarlas porque se han realizado, pero si finalmente se produce la demolición total, habrán sido trabajos en balde. Lo mismo ocurrirá con la señalización de la ZEPA, también ya ejecutada.

A la vez que el tribunal extremeño resuelve estas dudas, otras instancias, como el Constitucional o el Tribunal de Justicia de la Unión Europea con sede en Luxemburgo, tendrán que atender los recursos que las partes perjudicadas han anunciado. En definitiva: el caso Marina Isla Valdecañas está más cerca de su final que antes de que el Supremo se pronunciara sobre la demolición, pero tan cierto como esto es que aún seguirá dando que hablar. Durante meses. O quizás años.