Valdecañas, decisión embarazosa

El Gobierno de Extremadura en su reunión de abril de 2007 aprueba un Plan de Desarrollo para la zona (PIR). Es de suponer que, con buena intención y oídos todos sus juristas y técnicos en materia medio ambiental, para impulsar el desarrollo de una comarca y de los pueblos del Gordo y Berrocalejo y, por extensión, a toda Extremadura. Decisión que, sin embargo, fue tomada sin atender todos los informes detallados que reiteradamente Adenex y con gran sentido común les hacía llegar sobre las posibles irregularidades de las obras en el enclave y ratificados a su vez por la Comisión Europea, que solicitaba una memoria de gestión antes de seguir con las obras al tiempo que se requería la suspensión cautelar de las mismas hasta tanto no se manifestaran los tribunales de justicia. Las obras se inician en el año 2007 y continuaron hasta su ejecución final. ¿Por qué tanto empecinamiento del Consejo de Gobierno de la Junta?

Adenex y Ecologistas en Acción denunciaron la puesta en marcha de las obras del complejo y tras dos sentencias, una de ellas del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura del año 2011, ordenando la paralización de las obras y otra del Tribunal Supremo del 2014 ratificando en su integridad la sentencia del TSJEx . Este tribunal acordó recabar un estudio a los técnicos de la Estación Biológica de Doñana acerca de la viabilidad, daños, soluciones… Y llegó el informe remitido en estas fechas al TSJEx.

El informe de Doñana es, desde mi punto de vista, contradictorio en muchos de sus apartados e hipótesis y por tanto nada concluyente en sus catorce conclusiones, todas ellas de carácter ambiental y sin hacer ninguna valoración socioeconómica. Poniendo en cuestión la actividad humana en un territorio fuertemente despoblado y en una comunidad que cada año pierde habitantes. Si el Tribunal tenía alguna duda sobre el veredicto a emitir, este informe seguro que les debe generar aún más dudas, resolución que se va a producir pasados 13 años desde el inicio del procedimiento. Demasiado tiempo.

Vamos a situarnos en el espacio de la Isla de Valdecañas. En los años 60 se origina el embalse como consecuencia de la represa del río Tajo. Antes de ser isla, era un cerro que dominaba la zona y donde los vecinos de El Gordo llevaban a cabo labores agrícolas. Se pasó de varios usos del terreno, incluida una plantación de eucaliptos motivada por una posible instalación de una planta de celulosa en la zona de Navalmoral de la Mata. Son 155 las enclavadas dentro de las 7.178 que conforman la Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA). Cierto es que dentro de la zonificación del espacio la más antropizada, con un área de invernada de aves acuáticas y con presencia de diversas especies esteparias y de campeo de otras aves, como la cigüeña negra o el águila imperial, con formaciones de quercineas y retamares y matorral mediterráneo en su suelo. Lugar, por tanto, de interés comunitario, como muchos de los que tenemos en la geografía extremeña. Debemos resaltar que las obras han desplazado las poblaciones de aves a otros lugares cercanos, pero en ningún caso se ha producido una eliminación total de las aves presentes en el enclave.

Como consecuencia del informe de los técnicos, recientemente se publicó una foto en los medios de comunicación de miembros de Adenex y de Ecologistas en Acción mostrando su alegría no contenida. Para mí en cambio fue un día triste, y seguro que también para muchos extremeños y, por ende, para Extremadura, porque cualquier resolución que se tome va a redundar en detrimento de los intereses de los extremeños, por los daños ya ocasionados y por los que presumiblemente se generen en función de la resolución del TSJEx. Demoler o revertir el espacio a su estado originario, laboreo, eucaliptal o de matorral, va a suponer a las arcas de la comunidad un importante gasto de dinero que habrá que detraer de otras partidas en una comunidad que no brilla precisamente por ser de las más ricas del Estado. ¿Se podría optar por una solución intermedia?

Llegados a este punto, estamos a la espera de la resolución judicial. Difícil o fácil el dictamen, al menos embarazoso, y que corresponde al Tribunal. A nosotros solo nos queda reflexionar sobre lo acontecido. Decir a los políticos que deben ser cuidadosos en sus decisiones, y que escuchen cuando son advertidos de las posibles irregularidades que se pueden cometer al legislar. Y a las asociaciones ecologistas, aleccionarlas del difícil equilibrio que conlleva el desarrollo y el respeto al medio ambiente, por lo que, a veces, hay que ceder en determinadas actuaciones.

Es complicado que con estos antecedentes vengan empresas a invertir en nuestra comunidad, siendo «el desarrollo sostenible el que satisface las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras», según la definición de la Comisión Mundial del Medio Ambiente y del Desarrollo de la Naciones Unidas.