Valdecañas

Tomar una decisión judicial basada solo en razones medioambientales está fuera de toda lógica, y no tener en cuenta otros factores es irresponsable

Valdecañas
Ana B. Hernández
ANA B. HERNÁNDEZ

Hay un proverbio que dice que lo que mal empieza, mal acaba y podría cumplirse al dedillo en el caso Valdecañas, convertido en una espada de Damocles para Extremadura. Y todo porque las cosas no se hicieron bien hace más de una década, cuando se inició un proyecto de interés regional que la justicia tumbó dando la razón a los ecologistas, ni tampoco después. Y mucho tienen que ver los tribunales. El proceso judicial se pone en marcha casi a la par que las obras del complejo Marina Isla Valdecañas y hoy todavía estamos esperando el veredicto. Porque aunque primero el TSJEx y luego el Tribunal Supremo ordenaron la restitución de los terrenos a su estado original, lo cierto es que la sentencia no se ejecutó. Porque se decidió solicitar un informe, en este caso a la Estación Biológica de Doñana, que depende del CSIC y que propusieron los grupos ecologistas, para que explicara el impacto medioambiental del complejo. Y más allá de lo que ha tardado la estación en hacerlo, se le encargó en 2015 y lo hemos conocido hace unos días, e incluso de las ambigüedades que lo salpican, lo cierto es que, como cabía imaginar, concluye que para la flora y la fauna de la zona el resort no ha venido bien.

Y, aunque hay que esperar a que el TSJEx tome ahora la decisión final, esto es si se ejecuta o no la sentencia, también cabe imaginar igualmente que sea favorable a la demolición del complejo. Porque ya en 2015 dejó claro que la resolución se tomaría sólo en función de razones medioambientales. Esto es lo que parece estar fuera de toda lógica, porque no tener en cuenta otros factores, económicos fundamentalmente, es irresponsable. Porque esa decisión, con la que se pretende corregir una equivocada, puede causar aún más perjuicio a Extremadura que la propia construcción del complejo.

Los números puestos hasta ahora sobre la mesa cifran en casi 34 millones de euros lo que costará solo el derribo, y a esta cantidad hay que sumar las millonarias indemnizaciones que habría que pagar a todos los que decidieron invertir en Valdecañas porque no se puede olvidar que lo hicieron con los permisos y licencias oportunas.

Si la flora y fauna de la zona se ha visto perjudicada porque alguien no actuó conforme a la ley vigente entonces, esa o esas personas deberán responder por sus actos. Pero hipotecar ahora a una región entera no parece una medida ajustada al perjuicio medioambiental causado. Dice el informe de los técnicos de Doñana que la construcción ha supuesto «la pérdida de hábitats en la isla para un tercio de las especies de aves terrestres invernantes y para la mitad de las reproductoras», que ha motivado un descenso en la población del cormorán grande y que ha cambiado el comportamiento de algunas otras especies, como el ánsar común o la grulla común, que ahora prefieren no acercarse a menos de dos kilómetros de la isla que ocupa el polémico complejo.

En definitiva, ante una adversidad -aunque nunca debió ser permitida- han respondido, igual que los humanos, lo mismo que los extremeños, jóvenes y no tan jóvenes, que tienen que abandonar su tierra, su hábitat, para sobrevivir. Quizás a darles un futuro se podría destinar parte de los millones de euros que se tendrán que gastar en la demolición y las indemnizaciones, o incluso de la inversión anunciada para terminar el ansiado tren, porque a este paso, al final, no va a haber nadie para montar en él.

 

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