Universidad, sociedad y política

La Ley de Universidades de 2001, su modificación en 2007, sucesivas adaptaciones al Espacio Europeo de Educación Superior y las medidas introducidas por los decretos Wert de 2012 y 2015, lejos de mejorar las expectativas, no han hecho sino enrocar a la universidad aún más en su tradicional ensimismamiento corporativo, con un enfoque excesivamente mercantilista, orientado en demasía hacia una falsa concepción de la competitividad que está resultando ineficaz y peligrosa para las personas, empresas y la sociedad; una formación poco humanista e integral, productora de personas acríticas e inductora al individualismo , apenas comprometida con lo colectivo; además de una investigación mal remunerada, poco prestigiada, personalista, endogámica y en muchos casos alejada de las necesidades sociales y empresariales.

El máster de Cifuentes, el entredicho de otros casos, la presunta falsificación de título relacionada con la secretaria general UEx y la reciente filtración de exámenes de selectividad, solo son la punta de un gran iceberg y algo más que síntomas de la grave enfermedad que aqueja a la universidad.

Aun siendo necesaria una nueva Ley de Universidades reclamada por la Conferencia de Rectores, agentes sociales y otros colectivos, no será suficiente y probablemente una frustración más, si no hay un diseño de política educativa general, universitaria en particular, a corto y medio plazo, con objetivos concretos, formación adecuada y financiación suficiente, consensuado social y políticamente por los Gobierno del Estado y de las comunidades autónomas, donde el eje vertebrador sea la igualdad desde una perspectiva amplia, colectiva y social.

No bastará solo con cambios legislativos y/o de enfoques de la política y la financiación, si la comunidad universitaria no reacciona contundentemente para dotarse de más trasparencia y democracia, no reñida con la excelencia, rescatando y elevando para sí la acción transformadora y de cohesión social que debe caracterizar a la institución, por antonomasia, sede del conocimiento. Es imprescindible también que la sociedad en su conjunto se implique en mayor medida con la problemática universitaria y sus soluciones.

En Extremadura abordar la cuestión universitaria es urgente y clave para el futuro. Hace 45 años que se creó la UEx y 23 que se recibieron las transferencias en esta materia. Los sucesivos gobiernos de la Junta han sido renuentes a establecer un debate y un amplio acuerdo social y político sobre pautas de orientación universitaria, modelo de universidad o universidades, suficiencia financiera, optimización de recursos, evaluación, etc.

Desde aquella masiva ampliación de títulos y facultades iniciada en 1997, hasta la ley de financiación UEx de 2014, las distintas iniciativas abordadas al respecto han parecido obedecer más a las improntas presidenciales e influencias rectorales, que a un objetivo político tipificado y socialmente asumido. Estas carencias se ven reflejadas, por ende, en la escasa acción política y competencias propias de la dirección general correspondiente y en el casi inexistente bagaje legislativo para centros universitarios de carácter privado, no presenciales, etc.

A su vez la UEx, con sus dirigentes y estamentos más elevados a la cabeza, se ha envuelto en un 'tran-tran' acomodaticio de autoexclusión de la sociedad que la acoge y alimenta, que recíprocamente la aleja de la inquietud y preocupación social.

¿Conoce la sociedad extremeña en profundidad la UEx? ¿Cómo se financia? ¿Cuánto cuesta al contribuyente? ¿Y al alumnado? ¿Quién la gobierna? ¿Qué títulos imparte? ¿Qué investiga? ¿Qué es el Consejo Social, quien lo forma y que hace o no hace? ¿En la región hay otras universidades además de la UEx? ¿Qué sinergias produce la UEx en la región con sus 24.000 alumnos, casi 3.000 trabajadores y 140 millones de euros de presupuesto? ¿Qué aportan las empresas extremeñas a la UEx? ¿Y a la inversa? ¿Saben que es y que hace o no hace la Fundación Universidad Sociedad? ¿Qué influencia tiene la UEx en la producción cultural regional, y a la inversa? ¿Aprovechan los ayuntamientos respectivos el ser sede universitaria? ¿Y la UEx, como se implica con estos ayuntamientos y con la sociedad civil de las ciudades sedes?

Estaría bien que las reflexiones y respuestas a este cuestionario sugerido, junto a las de cosecha propia que cada cual aporte, impulsen el debate necesario y la implicación académica, social y política en una toma de decisiones imprescindible para el futuro de nuestra Universidad y de Extremadura. No seamos pacatos y animemos el cotarro.