La UE abre la puerta a que los ganaderos puedan cobrar ayudas por la lengua azul

No es definitivo, ni mucho menos, y queda que sea refrendado por el Parlamento Europeo el próximo lunes 18, y después, por los servicios jurídicos de la Comisión Europea, pero es posible cumplir con esa petición española tras una reunión ayer del Comité Especial de Agricultura.

Tras ese cónclave se validó que los Estados afectados por «recientes catástrofes naturales sin precedentes» puedan obtener asistencia adicional con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) para ayudar a agricultores, silvicultores y empresas afectadas.

Traducido al lenguaje cotidiano: que puedan usar fondos de desarrollo rural que no estén ni ejecutados ni comprometidos para el próximo año. Aunque no esté cerrado, la ayuda directa podría alcanzar los 42.000 euros por explotación.

¿Se puede considera catástrofe natural (provocada por el cambio climático) la eclosión de la lengua azul en Extremadura, Andalucía, Cataluña, Baleares o Castilla-La Mancha, por ejemplo? Eso es lo que pelea ahora el Gobierno central, a través del Ministerio que dirige Luis Planas, y los autonómicos para poder tener dinero y habilitar ayudas directas a los ganaderos.

Esa idea fue comunicada públicamente la semana pasada en Mérida por la consejera de Agricultura, Mercedes Morán, durante el Foro HOYAgro organizado por este diario y el Banco Santander.

 

El pasado 21 de octubre, la Comisión Europea presentó una propuesta de modificación en la que se habilita una nueva medida (la 23) en los programas de desarrollo rural 2014-2022, para que mediante los fondos Feader se pueda apoyar a los Estados miembros afectados por desastres naturales.

España considera que puede ser de aplicación ese concepto a los decenas de nuevos focos y serotipos, con altas dosis de mortalidad en el ganado, de lengua azul.

Con todo, esa modificación normativa, admiten fuentes del Gobierno y de la propia Comisión, estaba más pensada para dar ayudas directas al campo por sequías y lluvias torrenciales que hacerlo por las enfermedades animales de declaración obligatoria que hayan diezmado el censo ganadero y a sus titulares. «Pero se abre una puerta y hay que pelearlo. Hay posibilidades», trasladó ayer a HOY un portavoz cualificado del Ministerio de Agricultura.

Bajo el concepto de desastre natural se deben contemplar otros fenómenos naturales, vinculados con las adversidades climáticas que afectan a muchos Estados miembros, ha especificado España ante la Comisión.

Que haga cada vez más calor y, por tanto, que los mosquitos vivan más tiempo e infecten a las reses con mayor frecuencia es una adversidad climática, apoyó Morán la semana pasada.

La vigencia del programa de desarrollo rural está a punto de concluir (2025) y como suele pasar va a haber dinero sobrante por medidas que no se van a ejecutar en su totalidad o parcialmente. Y eso también puede favorecer que se puede usar para ayudas directas porque no se trata de fondos nuevos sino de ya existentes.

Según puede adelantar HOY, la propuesta del Ministerio de Agricultura validada por la Unión Europeo es que solo se podrán emplear fondos Feader, en concreto un 10% como máximo de las anualidades 2021 y 2022.

Además las solicitudes de ayuda se deberán realizar antes del 30 de junio del próximo año y los pagos se podrán efectuar hasta el 31 de diciembre de ese ejercicio. La ayuda deberá dirigirse a los beneficiarios más afectados.

 

Lo que ayer se aprobó por parte del Comité Especial de Agricultura va en la línea de lo trabajado por España. Bruselas está permitiendo a los Estados miembros que no han utilizado fondos de desarrollo rural del período de programación anterior «reaccionar de forma rápida y flexible a los efectos devastadores de las recientes catástrofes naturales», señaló el Consejo.

Eso permitirá a los países utilizar los fondos de desarrollo rural no comprometidos para el período 2014-2020 «para recuperarse y reconstruir, proporcionando asistencia de emergencia a los agricultores, silvicultores y empresas afectados por catástrofes relacionadas con el clima».

Una vez que el reglamento modificado se adopte formalmente y entre en vigor, los Estados tendrán «más flexibilidad» para dar ayuda de emergencia. Se especifica que para agricultores, propietarios de bosques y pymes afectadas por catástrofes relacionadas con el clima que se hayan producido desde el pasado 1 de enero.

La ayuda se podrá financiar con fondos no utilizados del periodo 2014-2020 y se entregará «en forma de sumas fijas de un máximo» de 42.000 euros por beneficiario.

Además, los Estados tendrán la flexibilidad de introducir y reforzar medidas para restablecer el potencial de producción de las explotaciones agrícolas.