El TSJEx pide a la Estación de Doñana que amplíe su informe sobre Valdecañas

Instalaciones del resort. Al fondo, zona de playa artificial y embalse./
Instalaciones del resort. Al fondo, zona de playa artificial y embalse.

El tribunal solicita al organismo del CSICque concrete datos sobre el impacto del complejo en la flora y fauna del lugar

Antonio J. Armero
ANTONIO J. ARMEROCáceres

El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) ha pedido a la Estación Biológica de Doñana que amplíe su informe de 1.118 folios sobre el complejo residencial y de ocio Marina Isla Valdecañas. La Sala de lo contencioso-administrativo solicita al organismo adscrito al CSIC (Centro Superior de Investigaciones Científicas) que concrete una serie de datos sobre el impacto que el resort ha tenido en la flora, la fauna y el agua del lugar que ocupa, en los términos municipales cacereños de El Gordo y Berrocalejo, en un área que antes de ser urbanizada estaba catalogada como zepa (zona de especial protección de aves).

La necesidad de conocer esta información adicional la planteó la representación legal de los propietarios de viviendas en el resort, y fue aceptada por el Tribunal, que a finales del mes pasado formalizó la petición. En ella, especifica qué cuestiones desea conocer y concede un plazo de respuesta de diez días.

En lo relativo a la fauna, la Sala le ha pedido los resultados detallados de los muestreos de aves que los técnicos realizaron entre mayo del año 2017 y junio del pasado ejercicio. También el listado de especies reproductoras e invernantes identificadas durante los muestreos de campo realizados entre diciembre del año 2016 y junio del año 2018. En tercer lugar, le reclama la relación de especies de aves terrestres reproductoras invernantes que han desaparecido al urbanizarse la isla que ocupa el complejo, que abrió en el año 2011.

Hay que recordar que una sentencia del propio TSJEx del año 2011 y otra del Tribunal Supremo de 2014 consideraron ilegal el PIR (proyecto de interés regional) que permitió recalificar los terrenos, motivo por el que tanto una como otra ordenan la restitución de esos terrenos a su estado originario. Ese PIR fue aprobado en la Asamblea de Extremadura tras recibir el apoyo de PSOE y PP.

Ante estos fallos contrarios a sus intereses, la Junta de Extremadura pidió la inejecución de sentencia, y el TSJEx decidió encargar un informe pericial que aclarara cómo había afectado la construcción del resort al lugar en el que se asienta. Ordenó a las partes que le dijeran posibles autores para esa investigación, y de entre los propuestos eligió a la Estación Biológica de Doñana, que fue el que puso sobre la mesa Adenex, una de las asociaciones que llevó el proyecto a los tribunales hace más de diez años.

Vegetación y agua

La Sala pidió el informe –que ha costado 467.000 euros, de los que más de 300.000 los ha puesto el Gobierno regional– en marzo del año 2015 y lo recibió el pasado enero. Pero ahora pide una ampliación. Además de lo citado anteriormente sobre la fauna, solicita los resultados de los inventarios sobre la vegetación que hay en la parcela del resort, para evaluar el impacto que ha tenido sobre las especies leñosas y las plantas de interés biogeográfico.

Por último, el Tribunal con sede en Cáceres requiere también las fichas de cada afluente al embalse de Valdecañas, con información de fotografías aéreas, imágenes tomadas durante las visitas sobre el terreno y conclusiones sobre el origen y características de los vertidos al agua.

Esta solicitud de datos es uno de los motivos que explican que el plazo para presentar alegaciones al informe de la Estación Biológica se haya alargado. En principio, se fijó como fecha tope el 15 de marzo –es decir, hasta mañana jueves–, pero finalmente se ha ampliado un mes, por lo que las partes tienen hasta el 15 de abril.

Además, hay otro motivo que ha movido a la Sala de lo contencioso administrativo a conceder más días a las partes implicadas (promotora, dueños de chalés, Junta de Extremadura, ayuntamientos de El Gordo y Berrocalejo y las asociaciones Adenex y Ecologistas en Acción). Ese segundo motivo es que así lo pidió el Gobierno autonómico, que mantiene que no es posible ejecutar la sentencia, entre otros motivos porque derruir lo construido costaría más de treinta millones de euros, si bien el TSJEx ya aclaró en su día que su decisión final sobre tendrá en cuenta factores medioambientales y no económicos. Citó jurisprudencia para argumentar este planteamiento. De hecho, los datos que solicita ahora, tras aceptar la petición de los propietarios de chalés, aluden únicamente a cuestiones de impacto medioambiental.