El TSJEx condena a la Creex a devolver al Sexpe 310.000 euros de ayudas a cursos

El TSJEx ha desestimado el recurso presentado por la Confederación Regional Empresarial de Extremadura (Creex) contra la decisión de la Dirección General de Formación para el Empleo del Sexpe que declaró la pérdida parcial de la citada subvención. El fallo ya ha sido recurrido ante el Tribunal Supremo.

La Creex concurrió en 2012 a la convocatoria de subvenciones para planes formativos destinados prioritariamente a trabajadores ocupados. La dotación ascendía a un millón de euros. La patronal extremeña recibió una asignación de 399.795 euros, lo que le permitió llevar a cabo 18 acciones.

En 2014, aún con el equipo de Monago, se inició un procedimiento por un posible incumplimiento en el destino de la ayuda. En principio, la Junta estimaba que la Creex solo había justificado un gasto de 7.300 euros, por lo que debería devolver más de 390.000. Tras presentar sus alegaciones, la Consejería de Educación y Empleo elevó el alcance de cumplimiento a casi 90.000 euros a finales de 2016, ya con el gobierno de Fernández Vara. Por ese motivo, la Administración regional exigió la devolución de casi 310.000 euros. La entidad afectada tuvo que devolver el anticipo recibido, que ascendía a 110.000 euros, más 16.000 de intereses, y perdió el derecho a recibir el resto de la ayuda.

La patronal extremeña recurrió esta resolución, pero del Juzgado de lo contencioso administrativo número 2 de Mérida dio la razón a la Junta el pasado mes de septiembre. Una de las cuestiones que recoge la sentencia afecta al control de las subcontratas. La Creex encomendó las tareas de formación a terceros, algo que está permitido. Pero la Administración regional, en lo que coincidió la jueza, estimó que debía igualmente acreditar los gastos. Es decir, no bastaba con presentar la factura de la academia a la que se encomendó la actividad, sino que también había que aportar cuestiones como los contratos de los profesores, los pagos realizados y los abonos a la Seguridad Social.

La Creex alegó que esa documentación corresponde a terceros, pero la sentencia reseña que es su responsabilidad acreditar el buen uso de los fondos. «Algo que debería alertar a la propia recurrente es el hecho de que, habiéndose requerido por la misma al proveedor de formación determinada documentación solicitada por la Administración, dicho proveedor, por motivos personales, decidió denegar dicha solicitud», recoge el fallo.

Además de los gastos realizados por terceros, que el tribunal consideró no acreditados debidamente, la jueza también valoró el coste real y lo facturado por la Creex. En este caso, la jueza citó facturas de las que se desprende una diferencia de más del 60% entre lo abonado a los docentes y lo reclamado como cantidad subvencionable.

Asimismo, puso de manifiesto que en casos en los que el coste de la formación pasaba de 18.000 euros no se había cumplido con la obligación de contar con tres presupuestos. La Creex alegó que en convocatorias anteriores no se exigía este requisito, pero el decreto de 2012 contemplaba este extremo. En el mismo sentido, tampoco se aceptaban pagos en metálico a los docentes, tal como sucedió en alguna de las firmas subcontratadas.

El tribunal también ratificó la decisión del Sexpe de no abonar la elaboración de dos manuales empleados para los cursos. En un caso, porque estimó que no se aportó una memoria explicativa, sino simplemente un índice. En el otro, porque se trataba de una copia de un manual elaborado por la Junta de Andalucía. La Creex reconoció esto último y alegó que en ese momento ese texto estaba agotado, por lo que solicitó, y obtuvo, permiso para su reproducción. Pero su argumento no fue atendido.

Recurso al TSJEx

La Creex recurrió al TSJEx, que el pasado 15 de enero confirmó la sentencia del juzgado emeritense y además impuso a la patronal las costas por un máximo de 10.000 euros.

El TSJEx ratificó que nada impedía a la patronal externalizar los cursos, pero «no por ello dejaba de estar obligada a rendir cuentas ante la Administración, por lo que desde el momento inicial de la subcontratación también debió exigir a las empresas subcontratadas que le facilitasen toda la documentación relativa al coste del servicio».

Junto a esto, confirmó el incumplimiento de la obligación de presentar tres presupuestos cuando la acción formativa tiene un coste de más de 18.000 euros. También considera que se vulnera la norma «cuando se presentan formalmente tres ofertas de diferentes proveedores, pero resulta que tienen el mismo precio o un contenido similar».

Asimismo, aseveró que no se podían realizar abonos en metálico. «Tampoco es posible admitir el pago mediante compensación de deuda», añade el TSJEx. «Lo mismo cabe decir sobre ingresos en cuentas corrientes que no son de los formadores o sobre certificados de pago emitidos un año antes de la realización de la acción formativa».

La denuncia por fraude en la orden de ayudas a planes de formación para ocupados de 2012, presentada en 2015 por el Gobierno autonómico del PP, se sumó a la realizada por la convocatoria de 2011, que ascendió a casi ocho millones de euros. La investigación penal sigue su curso al mismo tiempo que se producen resoluciones por vía administrativa, como las recogidas en las sentencias citadas. El TSJEx ya falló en 2017 contra CCOO en una reclamación por una revocación parcial de las ayudas de 2012, aunque en una cuantía menor que en el caso de la Creex.