El Tribunal de Cuentas ve demasiados funcionarios en comisión de servicio en la región

Fachada del Tribunal de Cuentas/HOY
Fachada del Tribunal de Cuentas / HOY

El órgano fiscalizador aprueba el informe sobre Extremadura correspondiente al año 2016

EFEMérida

A finales del pasado 2016 la Junta de Extremadura y sus órganos vinculados tenían a 4.037 trabajadores ejerciendo comisiones de servicios. De ellos, 1.276 excedían el límite temporal de dos años previsto por la Ley de Función Pública de Extremadura. Esa es una de las conclusiones del informe anual de fiscalización de la comunidad autónoma de Extremadura correspondiente al ejercicio 2016 y que acaba de ser aprobado por el Tribunal de Cuentas.

Como viene siendo habitual, el capítulo de personal es uno de los que más interés tiene para el organismo fiscalizador. En este sentido, se afirma que ese año 2016 un total de 284 trabajadores obtuvieron la condición de indefinidos no fijos, «sin la previa resolución judicial», requisito exigido.

Además este informe consistió en verificar si la rendición de las cuentas por todas las entidades que componen el sector público de la región se había hecho respetando las normas que les son de aplicación respecto a plazo, estructura y contenido y si se habían presentado de acuerdo con los principios y normas definidos en los planes de contabilidad.

Por otro lado, las cuentas anuales de 2016 correspondientes a cuatro fundaciones autonómicas registran ayudas monetarias, «sin que se haya acreditado la preceptiva autorización por parte de la consejería de adscripción, conforme a lo previsto por la Ley General de Subvenciones».

En relación con las subvenciones concedidas a federaciones deportivas extremeñas, tanto directas como nominativas, se han apreciado deficiencias en su control interno y respecto al régimen de justificación de las mismas, «principalmente en relación con la admisión de determinados gastos».

Además, según el Tribunal de Cuentas, la adecuada imputación temporal de los acreedores al presupuesto del SES hubiera supuesto una reducción de sus obligaciones reconocidas (deuda) en 2016 en 165 millones de euros, con la consiguiente «incidencia» sobre su resultado presupuestario. En esta línea, pese a haberse aprobado un plan de eficiencia farmacéutica en diciembre de 2015, no se han realizado informes de seguimiento del mismo.

Déficit y proveedores

El informe recuerda que Extremadura incumplió el objetivo de estabilidad presupuestaria para 2016, al alcanzar un déficit del 1,69% del PIB regional, y por el contrario cumplió los objetivos de regla de gasto (con una variación efectiva del 0,2%) y de deuda, al alcanzar esta un 22,8% del PIB regional, lo que supone un importe de 4.059 millones de euros. El referido incumplimiento motivó la presentación de un plan económico financiero que obtuvo la declaración de idoneidad, si bien las medidas aplicadas resultaron «insuficientes», al incurrir la comunidad en el incumplimiento de los objetivos de déficit y deuda en 2017.

Por otra parte, la reducción interanual, en 78,73 días, del periodo medio de pago de Extremadura permitió que con fecha 17 de marzo de 2017 se diese por finalizado el procedimiento de retención que fue aplicado a la Comunidad durante 2016, en virtud de lo previsto por la legislación, recoge Europa Press.

 

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