Tres juicios por corrupción de menores y cuatro por abusos

El expárroco de Mengabril durante el juicio que se celebró en Mérida. /Hoy
El expárroco de Mengabril durante el juicio que se celebró en Mérida. / Hoy

La condena más larga fue impuesta al párroco de Mengabril y la más antigua se descubrió cuando un joven apuñaló en Valdecaballeros a un cura

E. F. V.

A comienzos de 1991, el párroco de Valdecaballeros (Badajoz) recibió cuatro puñaladas cuando se encontraba en su casa. Aquel suceso, ocurrido durante la madrugada del viernes 19 de abril, conmocionó a esta tranquila población, que vio en esa agresión un intento de acabar con la vida de un hombre al que apreciaban. En esa parroquia, perteneciente a la Archidiócesis de Toledo, ejercía como párroco Dionisio A. D., quien dijo en los momentos iniciales que había sido asaltado por tres desconocidos. Pero muy pronto fue detenido como presunto autor de las puñaladas un joven de 21 años vecino de esa localidad.

La Fiscalía pidió para el joven 17 años de prisión. Pero lo que parecía un intento de asesinato frustrado se transformó en un nuevo caso cuando el acusado contó que el día que cometió la agresión había tenido un encuentro sexual con el párroco, con quien mantenía relaciones sexuales desde los 15 años.

El sacerdote fue acusado de corrupción de menores, un hecho por el que fue condenado a dos años y cuatro meses de prisión, la misma pena que se impuso al joven por el delito de lesiones por el que finalmente fue condenado.

Ese caso ha sido uno de los más graves juzgados en Extremadura, pero no el único. El párroco de Casares de Hurdes (Cáceres), fue condenado en 2004 a 16 meses de prisión por un delito de corrupción de menores tras una operación nacional contra la pornografía infantil. La Diócesis de Coria-Cáceres ha indicado que en aquel momento le apartó del ministerio sacerdotal y que desde 2015 el sacerdote permanece apartado «de cualquier actividad pastoral».

En la provincia de Badajoz también se juzgó en 2008 otro caso que afectó a un profesor del colegio Sagrado Corazón de Jesús de Olivenza, que pertenece a la Diócesis de Mérida-Badajoz. José Teófilo M. L., que también era presidente regional del Teléfono de la Esperanza, fue condenado por posesión de pornografía infantil después de que la Guardia Civil registrara su domicilio y encontrara imágenes de menores de edad en actitudes sexuales. Tenía carpetas con imágenes en su ordenador, en cintas de vídeo, en CD y fotografías en papel. Las había descargado de internet y las guardaba para su uso personal. Fue encontrado culpable de un delito de corrupción de menores y se le impuso una multa de 1.800 euros.

Cuidadores

En febrero de 2012 también se conoció la condena de un antiguo miembro de los Esclavos de María y los Pobres, la orden religiosa que atiende la Casa de la Misericordia de Alcuéscar (Cáceres). Esta orden supo en mayo de 2010 que era muy probable que uno de los hermanos cuidadores estuviera manteniendo relaciones con un interno de 23 años que tenía una discapacidad psíquica del 72%. Por este motivo, decidió expulsarlo de la orden religiosa y denunció los hechos ante las autoridades. Carlos Alfonso S. P., un granadino de unos 48 años de edad, fue condenado a ocho años y medio de prisión y a pagar 30.000 euros a la víctima.

El último caso juzgado en Mérida-Badajoz se produjo a finales de 2016 cuando el sacerdote Gregorio G. F. fue acusado de ofrecer dinero a cambio de sexo a un menor de 17 años. Desde la Diócesis se explicó que cuando ocurrieron esos hechos ya no desempeñaba tareas pastorales porque sufría un problema mental. Fue condenado a seis meses de prisión por un delito de abusos sexuales y se le consideró la eximente parcial derivada del consumo abusivo de alcohol y rasgos depresivos.

El sacerdote no ingresó en prisión después de que el juzgado transformara la pena en un internamiento de un año en un centro de deshabituación en el que pudiera ser tratado de su adicción.

En junio de 2017, el párroco de Arroyomolinos (Cáceres), Juan Carlos M. T., fue condenado por un delito continuado de exhibicionismo y otro de abuso sexual cometidos sobre un menor de años. La pena fue de 15 meses de prisión y cuatro años de inhabilitación para ejercer cualquier actividad pastoral y profesional relacionada con menores. El obispado de Coria-Cáceres, también lo apartó de todas sus funciones sacerdotales ad divinis (para siempre). Este sacerdote de 46 años se ganó la confianza del menor haciéndole regalos y de ese modo consiguió que lo acompañara a su domicilio, donde le puso vídeos pornográficos mientras lo animaba a masturbarse.

El fallo más reciente se produjo en 2017 y conllevaba una condena de 15 años de prisión para el sacerdote pacense José D. F. por los abusos sexuales cometidos sobre dos menores durante su etapa como párroco en Mengrabril (Badajoz) y otros dos años y cuatro meses de cárcel por elaborar partes médicos falsos para justificar las ausencias a clase de uno de los menores de los que abusó, un niño de 12 años.

Desde las tres diócesis extremeñas se confirma que no tienen conocimiento de ninguna otra condena a sacerdotes por este tipo de delitos.