El PP trasladará a la Fiscalía sus conclusiones del transporte sanitario

Los populares acudirán a la Fiscalía porque «donde había dudas, ahora hay certezas avaladas testifical y documentalmente» que deben ser investigadas judicialmente, ha subrayado en una rueda de prensa.

A su juicio, hay indicios de una posible alteración del precio público en concursos y subastas, porque hay correos electrónicos que demuestran que la Consejería de Sanidad remitió información distinta a los licitadores, vulnerando el principio de igualdad y libre competencia en un concurso público.

Se ha referido, en concreto, al número de ambulancias mínimo que se requería para la asistencia programada.

La empresa adjudicataria, Ambulancias Tenorio, tuvo una información distinta que le permitió presentar una oferta económica más barata, que al final fue la que primó para resolver el concurso, ha advertido Teniente.

Sin embargo, la «exigencia» al Consorcio Extremeño de Transportes, que perdió el concurso, fue de «en torno a 260 ambulancias más», según la diputada popular.

También hubo, en su opinión, un «trato de favor» en las inspecciones de los vehículos, ya que no se ha acreditado en la comisión que la concesionaria esté cumpliendo con las mejoras que recogía el pliego y que daban «puntos adicionales que fueron determinantes para recibir la adjudicación», ha apuntado.

La diputada popular también ha denunciado que la Junta de Extremadura ha dado certificaciones técnicas sin ver las ambulancias y que todavía circulan vehículos con el «apto» provisional y «cuya vigencia acabó hace 120 días.

Ha recordado que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía está investigando un presunto trato de favor a Ambulancias Tenorio en la adjudicación del concurso en esa comunidad y los posibles delitos de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias, según Teniente.

Teniente ha recordado que gracias a esta forma de proceder del PP surgieron las causas judiciales de Feval, ya sentenciada, del Festival Internacional Clásico de Mérida o de los cursos de formación.

En las conclusiones el PP señala que ha quedado acreditado que «la operación salvamento de la empresa extremeña» que prometió el presidente regional, Guillermo Fernández Vara, acabó con el mayor concurso de la legislatura -122 millones de euros- en manos andaluzas, ha señalado la diputada.

A ello ha sumado más de cien despidos, muchos de ellos considerados improcedentes por los tribunales y que suman ya casi un millón de euros en indemnizaciones, además de la pérdida de derechos laborales para los trabajadores que han sido subrogados por la nueva concesionaria.

Teniente ha criticado, además, el daño sufrido por los pacientes durante el traspaso del servicio, con citas suspendidas o importantes demora.

Por todo ello, ha considerado que la comisión, que se creó a propuesta del PSOE, se ha convertido en un «torpedo» contra el consejero del ramo, José María Vergeles.

Teniente, que ha señalado que en la comisión de mañana se abrirá una proceso de negociación con los otros grupos, ya que hay algunas conclusiones coincidentes, ha considerado que hay responsabilidades políticas derivadas del proceso de adjudicación que afectan a la Subdirección General, la Secretaría General, la Consejería y, en último término, a la Presidencia de la Junta