Tradiciones

Juzgados de Badajoz, donde se instruye parte de la investigación por los cursos de formación. /
Juzgados de Badajoz, donde se instruye parte de la investigación por los cursos de formación.
Manuela Martín
MANUELA MARTÍNBadajoz

Ya casi nos habíamos olvidado de la famosa denuncia que puso José Antonio Monago sobre presuntas irregularidades en la gestión de los cursos de formación por parte de patronal y sindicatos y de repente nos encontramos con que el caso está vivo: dos juzgados, uno en Mérida y otro en Badajoz, están instruyendo la causa y, de momento, investigan a 25 personas y siete entidades. Es pronto para hacer cábalas sobre a dónde puede llevar esa investigación, si terminará con el procesamiento de los ahora investigados o acabará archivándose, como ocurrió, por ejemplo, en Andalucía. La magistrada Mercedes Alaya comenzó las indagaciones y otra magistrada, María Bolaños, decretó el archivo en octubre de 2016 por no observar materia delictiva sino meras irregularidades administrativas en la gestión de la formación.

Quizá lo único seguro que sabemos es que la investigación abierta en Extremadura va para largo. Ni siquiera se ha tomado declaración a todos los investigados y el avance del caso depende del trabajo de la UCO, la unidad de la Guardia Civil que lleva meses citando a testigos para recoger información sobre cómo se hacían los famosos cursos. Solo cuando tenga todos los datos enviará a los jueces los atestados pertinentes. Y ahí sí puede haber un retrato fiel de lo que ha ocurrido con los cursos.

El informe inicial de la Fiscalía, publicado el pasado martes por HOY, aporta algunos datos ciertamente interesantes sobre cómo se inflaba el coste de la formación subvencionada. A priori, ve indicios de delito en esas prácticas, y ahora será la investigación meticulosa de la Guardia Civil, los fiscales y los jueces la que determine si estamos ante una chapuza administrativa o ante prácticas corruptas concebidas para derivar dinero público a bolsillos privados o a fines para los que no estaba destinado, ya sea financiar organizaciones o engordar la nómina de contratados.

Es cierto que esta denuncia nació un tanto tocada: la puso el gobierno de Monago y afectaba a los cursos de formación gestionados por la patronal y los sindicatos extremeños y financiados a través de subvenciones públicas. En marzo de 2015, que es cuando la consejera de Trabajo, María Ángeles Muñoz, acudió a la Fiscalía, se interpretó como una especie de 'vendetta' del Partido Popular contra unos dirigentes sindicales y empresariales con los que no se llevaba bien. Entonces todo el mundo se puso nervioso porque afectaba a gente principal y bien relacionada con el poder. No es lo mismo denunciar a un alcalde de un pueblo de 500 habitantes que apuntar hacia los dirigentes de UGT, Comisiones y la CREEX.

Sin embargo, sea cual fuere el ánimo de los denunciantes, lo importante es que se averigüe si la gestión del dinero público que se destina a la formación de los trabajadores ha sido limpia o no. «Caiga quien caiga», como suelen repetir los políticos cuando juran que van a luchar sin descanso contra la corrupción.

Lo que no es admisible es que se dé por bueno un uso presuntamente fraudulento de los impuestos que pagamos acudiendo al argumento de que «todo el mundo lo hace»; o que se admita porque «sindicatos, patronal y otras organizaciones se han financiado así toda la vida, con los cursos», que es otra frase que se oye mucho. ¿Cómo vamos a romper tradición tan acendrada? Sería como suspender la bajada de la Virgen de la Montaña o el Carnaval de Badajoz. Miremos para otro lado y continuemos con la «tradición», parece ser el mensaje de quienes se escandalizan con que los fiscales hurguen demasiado a fondo en los documentos y la prensa publique los resultados de sus pesquisas.

En estos momentos no queda más que confiar en el trabajo de la justicia. Si personas más importantes han sido juzgadas y condenadas en toda España por delitos ligados a la corrupción no hay razón para pensar que en Extremadura no se va investigar hasta el final y con garantías absolutas. Tanto para exculpar a quien no haya cometido ningún delito como para perseguir a quien sí lo haya hecho.

La etapa de la impunidad ha acabado. O debería. Hay «tradiciones» que no merecen conservarse sino pasar a la historia.

 

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